La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich detalló el contenido del nuevo Código Penal que el Gobierno nacional planea impulsar tras el recambio legislativo. La exministra de Seguridad explicó que la iniciativa acompañará el tratamiento del Presupuesto 2026, y que apunta a un cambio profundo en la respuesta del Estado frente al delito.
“Con esto buscamos dar vuelta la realidad donde los más favorecidos eran los delincuentes, los violadores y los asesinos”, afirmó. Y detalló que el objetivo central es que “los favorecidos sean la sociedad en su conjunto y las víctimas”, en lo que describió como “un cambio de doctrina” para “terminar con la impunidad”.
La senadora electa subrayó que el proyecto propone acelerar los tiempos judiciales para asegurar condenas firmes y efectivamente cumplidas. “No que nos encontremos con delincuentes que deberían estar presos y vuelven a delinquir”, señaló al referirse a uno de los principales problemas que busca corregir el texto.
Recordó además otras iniciativas que impulsó durante su gestión, como las leyes de Reiterancia, Reincidencia, Juicio en ausencia y Antimafias. Según dijo, todas apuntan a cerrar “la puerta giratoria” del sistema judicial y a dejar atrás “la doctrina zaffaronista”.
Entre los cambios previstos, el nuevo Código Penal eleva las penas para los delitos más graves. El homicidio simple pasaría de un máximo de 25 a una pena mínima de 30 años, mientras que el homicidio agravado mantendrá la prisión perpetua como castigo, con cumplimiento efectivo.
El proyecto también incorpora nuevos agravantes, especialmente cuando las víctimas sean funcionarios públicos o docentes. Bullrich remarcó que la intención es “proteger a las personas que cumplen con una tarea fundamental”.
Otro punto clave es la imprescriptibilidad para delitos graves como abuso sexual infantil, homicidios y secuestros. La medida busca garantizar que estos hechos puedan juzgarse sin importar el tiempo transcurrido desde que fueron cometidos.
En materia penitenciaria, Bullrich planteó cambios en el régimen actual. Explicó que se eliminará el pago del salario mínimo a la totalidad de los internos, y que solo cobrarán quienes realicen trabajos dentro del penal. “La fajina no se paga. Eso es una obligación”, indicó.
“Necesitamos que se termine la idea de que robar no tiene ninguna consecuencia”, concluyó la senadora electa al presentar la propuesta, una de las piezas centrales de la agenda judicial del Gobierno.