El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este viernes la ley que establece un nuevo protocolo para el funcionamiento de las Cámaras Gesell en el ámbito judicial. La iniciativa, de autoría de la diputada Lucía Iañez redefine el marco de protección para niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad o padecimientos mentales que deban declarar como víctimas o testigos de delitos.
Con la sanción de la ley, la provincia incorpora un procedimiento unificado y obligatorio que garantiza una única convocatoria para las declaraciones, que deberán ser videograbadas para su posterior utilización en cualquier instancia judicial o administrativa. El objetivo central es evitar la revictimización y asegurar que las entrevistas se desarrollen bajo criterios de cuidado, confidencialidad y especialización profesional.
La nueva ley establece que las declaraciones deberán realizarse mediante un sistema de Circuito Cerrado de Televisión o un dispositivo equivalente, en espacios acondicionados y ubicados fuera de la sede del fuero penal, para impedir cualquier contacto con imputados, personal policial uniformado u otros actores que puedan generar situaciones de vulnerabilidad o intimidación.
Además, el texto incorpora formalmente a las personas adultas con padecimientos mentales severos, que hasta el momento no estaban contempladas en la normativa, y fija parámetros de protección reforzada para su participación en los procesos judiciales.
La regulación aprobada este viernes retoma el proyecto presentado originalmente por pedido de la Suprema Corte bonaerense, que había perdido estado parlamentario y fue reingresado este año. Con su sanción definitiva, la provincia fija un régimen homogéneo para la toma de declaraciones en contextos sensibles y redefine protocolos que venían aplicándose de manera dispersa en el territorio bonaerense.