La familia de Pablo Grillo pidió a la CIDH que incorpore su caso como evidencia de violaciones a DDHH en Argentina

La familia del fotoperiodista Pablo Grillo, gravemente herido durante la represión del 12 de marzo frente al Congreso, presentó una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunció la responsabilidad del Estado argentino y solicitó que el caso sea incorporado como evidencia de violaciones a los derechos humanos y a la integridad física en el país.

El documento fue expuesto en el marco de la audiencia pública sobre Libertad de Expresión, donde el Estado argentino debió responder por las denuncias de ataques permanentes a periodistas y trabajadores de prensa. Grillo, fotógrafo, recibió un impacto en la cabeza por parte de efectivos de la Gendarmería Nacional durante la movilización de jubilados y jubiladas que reclamaban por sus haberes.

“Pablo no es un número ni un daño colateral”

En un texto de fuerte contenido testimonial, la familia describió el calvario que atraviesa Grillo desde hace más de ocho meses. “Pablo no es un número ni un ‘daño colateral’; es un ser humano que fue brutalmente herido en la cabeza solo por tener una cámara de fotos”, expresa la misiva.

La familia remarcó que el impacto provino de las llamadas “armas de baja letalidad”, utilizadas —según denuncian— de manera prohibida e ilegal. El resultado fue devastador: Grillo debió someterse a ocho intervenciones quirúrgicas de alta complejidad para intentar reparar los daños en el cráneo y el cerebro.

“Desde el momento del impacto, la vida de Pablo y la de toda nuestra familia se detuvo”, afirmaron, y advirtieron que la agresión constituye también un mensaje disciplinador hacia la prensa y hacia la sociedad en su conjunto: “El costo de estar en la calle trabajando o protestando puede ser la vida o la integridad física permanente”.

Responsabilidad política y denuncias al Gobierno nacional

La carta sostiene que la violencia contra Grillo no fue un accidente ni un exceso aislado, sino la consecuencia directa de una política de seguridad del actual Gobierno, que —según la familia— criminaliza la presencia en el espacio público y habilita a las fuerzas federales a disparar a zonas vitales del cuerpo “sin consecuencia alguna”.

Además, cuestionaron lo que definieron como “las mentiras dadas por el Gobierno argentino” respecto de lo ocurrido durante la represión del 12 de marzo y denunciaron que, en el ámbito local, enfrentan un “discurso oficial que valida, protege e incluso celebra este tipo de accionar represivo”, en referencia directa a la gestión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los pedidos a la CIDH

Ante este escenario, la familia solicitó a la Comisión Interamericana:

• que incorpore el caso como evidencia material de violaciones a los derechos humanos en Argentina;
• que exhorte al Estado a cesar el uso de proyectiles cinéticos y gases disparados a la cabeza;
• y que acompañe el reclamo de justicia y reparación frente a la falta de respuestas en el ámbito interno.

“Gracias por escuchar nuestra voz en este recinto internacional, ya que en nuestro propio país las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional parecen haber decidido ignorar el sufrimiento que provocan”, cierra la carta firmada por la familia Grillo.