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Un r茅cord de denuncias por torturas y violencia institucional marca el final de la gesti贸n de Bullrich
14:00 |La Procuraci贸n Penitenciaria document贸 1.800 denuncias en el 谩mbito federal y advierte que la tortura es un elemento 鈥渆structural y persistente鈥 del sistema penal argentino. El traspaso del Servicio Penitenciario Federal al Ministerio de Seguridad agrav贸 el cuadro. Alejandra Monteoliva hereda un sistema en crisis.
La salida de Patricia Bullrich del Ministerio de Seguridad llega acompañada de un informe explosivo: la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), organismo autónomo que depende del Congreso, publicó un relevamiento de 415 páginas que confirma un récord de denuncias por torturas y malos tratos en cárceles y fuerzas federales bajo su órbita.
El documento abarca el período 2024 y parte de 2025, coincidiendo con la decisión política de Bullrich de absorber el Servicio Penitenciario Federal (SPF), una estructura que históricamente perteneció al Ministerio de Justicia. El decreto 373/2024, que amplió su poder sobre el personal de todas las fuerzas de seguridad, consolidó ese cambio de mando.
Ahora, su sucesora y mano derecha, Alejandra Monteoliva, deberá hacerse cargo de una herencia complicada: violencia institucional creciente, denuncias sistemáticas y un sistema que, según la PPN, reproduce prácticas de tortura de manera extendida.
Un diagnóstico contundente: más de 1.800 denuncias en un año
El informe anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos detalla que, solo en el ámbito federal, se identificaron:
– 271 víctimas de torturas o malos tratos policiales, por parte de la Policía Federal, Gendarmería, PSA y Prefectura.
– 646 víctimas en cárceles federales, que permitieron individualizar 1.465 hechos de torturas y tratos degradantes.
La cifra asciende a 1.800 denuncias si se suman todas las modalidades de registro.
Las prácticas más frecuentes incluyen malas condiciones de detención (427 casos), agresiones físicas (363), aislamiento (146), falta de asistencia médica (145) y deficiente alimentación (99).
El Complejo Federal de Villa Devoto y el de Luján de Cuyo encabezan el ranking con 271 y 109 hechos respectivamente.
Un sistema penitenciario atravesado por la tortura
El informe enfatiza que la violencia institucional no se concentra en un tipo de unidad ni en una región del país, sino que atraviesa todo el “archipiélago penitenciario federal”: cárceles antiguas y nuevas, penales para mujeres y varones, establecimientos metropolitanos y del interior, de máxima seguridad y colonias.
El diagnóstico es categórico: la tortura en el sistema penal argentino es estructural, extendida y persistente.
El impacto en las provincias: Buenos Aires, en el centro de la escena
Al incluir los sistemas penitenciarios provinciales, el número total se dispara:
– 1.198 víctimas en todo el país,
– 4.745 hechos denunciados,
– con la provincia de Buenos Aires como territorio crítico, donde se documentaron 552 víctimas y 3.280 hechos.
Los penales de Florencio Varela, Magdalena y Sierra Chica concentran la mayor cantidad de casos. A diferencia del ámbito federal, donde predominan las malas condiciones y las agresiones físicas, en territorio bonaerense las categorías más denunciadas son falta de atención en salud y aislamiento.
La Policía Bonaerense tampoco queda al margen: se registraron 137 casos de torturas o malos tratos policiales.
El Reporte N°7: 201 víctimas en seis meses y casos reiterados
El panorama se agrava con el informe “Revictimización”, correspondiente al primer semestre de 2025. Entre enero y junio, la PPN contabilizó 201 víctimas nuevas, con 117 expedientes abiertos.
Uno de los datos más alarmantes:
17 personas sufrieron torturas o malos tratos en más de una ocasión, lo que muestra la falta de mecanismos eficaces para prevenir, investigar y sancionar la violencia institucional.
Trasladar el SPF a Seguridad: una decisión bajo revisión
El traspaso del Sistema Penitenciario Federal a la órbita de Seguridad, decidido por Bullrich al inicio del gobierno de Javier Milei, modificó una lógica histórica del Estado. Hasta entonces, el Ministerio de Justicia debía responder institucionalmente por las denuncias de la PPN.
Con la nueva estructura, Seguridad concentra el mando de las fuerzas policiales, las fuerzas federales y los servicios penitenciarios, un esquema que especialistas y organismos de derechos humanos advirtieron como riesgoso por la falta de controles cruzados.
Los números del informe parecen reforzar esas advertencias.
A días de asumir como ministra, Alejandra Monteoliva se enfrenta a un sistema con deterioro sostenido y cifras récord de torturas y violencias penitenciarias y policiales.
La PPN, en su informe anual número 14, concluye con una frase que sintetiza la crisis:
“La tortura constituye un elemento estructural del sistema penal argentino”.
El desafío ahora será revertir un cuadro que se consolidó durante la gestión Bullrich y que pone en tensión la política de seguridad del gobierno y la responsabilidad del Estado frente a sus obligaciones en materia de derechos humanos.
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