El reciente relevamiento del Centro de Investigación y Formación de la Asociación Judicial Bonaerense (CIyF-AJB) encendió todas las alarmas sobre el funcionamiento del Fuero de Familia en la provincia de Buenos Aires. Las cifras oficiales de la Suprema Corte revelan una crisis que lleva años gestándose: mientras que en 2010 los juzgados iniciaban poco más de 41.000 causas, en 2024 el número trepó a 300.261.
El salto acumulado en apenas 14 años es de un 626%, una escalada que ni la baja del 7,7% respecto de 2023 alcanza a amortiguar. Es el tercer año consecutivo por encima de las 300.000 causas, un piso inédito en la historia del fuero.
Lejos de ser un dato estadístico, este volumen de expedientes abarca situaciones de alto impacto social: violencia familiar, protección de niñas, niños y adolescentes, conflictos de género, alimentos, cuidado parental y salud. Cada expediente representa una urgencia.
Un mapa desigual: territorios al borde de la saturación
El crecimiento no afecta por igual a toda la provincia. Zonas como Avellaneda–Lanús, Morón, Florencio Varela y San Isidro registraron aumentos interanuales de entre el 260% y casi el 400% en la última década.
En términos más recientes (2023–2024), los picos se dieron en Escobar (+90%), Pehuajó (+47%) y Moreno–General Rodríguez (+8%), que ya trabajan al límite de su capacidad.
La desigualdad queda en evidencia al observar la carga por juzgado. Mientras el promedio provincial fue de 2634 causas en 2024, algunas sedes duplican o triplican esa cifra. Los casos más críticos:
Escobar: 7383
Moreno–General Rodríguez: 5353
Zárate–Campana: 4478
Tigre: 4114
La Plata: 3740
En estos distritos, la saturación no es excepcional: es estructural.
Personal insuficiente, vacantes sin cubrir y un crecimiento desbalanceado
El informe del CIyF-AJB también muestra que el aumento de personal quedó muy por detrás del crecimiento de causas. Entre 2010 y 2024, la planta creció un 143%, insuficiente frente a un aumento del 626% de expedientes.
A esto se suma que entre 2020 y 2024 se incorporaron 393 trabajadores, pero el 72% fue destinado a la apertura de 15 nuevos juzgados. Solo un 28% reforzó estructuras ya colapsadas.
Las falencias se multiplican:
25 juzgados perdieron personal,
14 no tuvieron cambios,
y 17 cargos de magistrados/as están vacantes, algunos sin suplentes ni subrogantes. Entre los casos más graves: el Juzgado de Familia 11 de La Matanza, el 3 de La Plata, el 6 de Lomas de Zamora y el 1 de San Martín.
Aunque en 2023 se sumaron 109 puestos a plantas existentes, la demanda real supera ampliamente los refuerzos.
Juzgados creados pero sin habilitar: la deuda política
La provincia cuenta con 114 Juzgados de Familia en funcionamiento, pero hay otros 12 creados por ley que nunca se habilitaron, aun cuando están ubicados en zonas críticas como San Miguel, Tigre, Berazategui, Merlo, Saladillo, Chacabuco, Mar del Tuyú y Bahía Blanca.
La Suprema Corte ya había advertido en 2019 que se necesitaban 16 nuevos juzgados adicionales, nueve mediante ley y siete por transformación de otros fueros. Cinco años después, esas recomendaciones siguen sin materializarse.
La falta de decisión política profundiza el déficit estructural, en un fuero donde el tiempo de espera puede definir destinos: la protección de una víctima de violencia, la restitución de derechos de un niño, la continuidad de un tratamiento de salud.
Lo que se juega: derechos en riesgo y un sistema que se sostiene por esfuerzo
El Fuero de Familia bonaerense no resuelve conflictos administrativos: interviene en las situaciones más sensibles de la vida social. Sin personal suficiente, sin infraestructura y sin habilitación de juzgados ya creados, la atención se vuelve precaria y los tiempos judiciales, incompatibles con la urgencia de los casos.
Desde la Asociación Judicial Bonaerense reclaman medidas inmediatas que vienen siendo postergadas:
Habilitar de manera urgente los 12 juzgados ya creados por ley.
Cubrir todas las vacantes, incluidas las de magistrados/as.
Reforzar con más personal los juzgados existentes.
Impulsar una planificación integral que adecúe la estructura del fuero a la demanda real de cada departamento judicial.