Proponen un registro para controlar la venta de celulares usados y cortar el circuito delictivo

La Legislatura bonaerense comenzará a debatir un nuevo proyecto que apunta a uno de los delitos más frecuentes en el conurbano: el robo de celulares. La diputada de Somos Buenos Aires, Nazarena Mesías, presentó una iniciativa para crear el Registro Único de Operadores de Telefonía Móvil (RUOTEM), una herramienta que busca desarticular el circuito ilegal de compra y venta de equipos robados.

Según explicó la legisladora, el robo de teléfonos “es una de las principales causas de asaltos a mano armada en la vía pública” y alimenta “una economía ilegal que evade impuestos, no genera empleo formal y perjudica a los comerciantes que operan dentro de la ley”. La falta de controles sobre el mercado de usados y de repuestos, advirtió, facilita que los delincuentes obtengan beneficios rápidos, reforzando el ciclo delictivo.

Un registro obligatorio para todos los comercios del rubro

El proyecto establece que todos los comercios dedicados a la venta, permuta, reparación o cualquier otra forma de comercialización de celulares deberán inscribirse de manera obligatoria en el RUOTEM. Allí quedará documentada cada transacción y servicio prestado.

Los locales inscriptos deberán exigir el DNI a toda persona que compre un equipo, sea nuevo o usado, para asociar su identidad con el IMEI, el código único del dispositivo. Además, en caso de reparaciones, el cliente deberá acreditar la propiedad del equipo.

Mesías argumenta que sin la posibilidad de revenderlo o usarlo, un celular robado pierde valor en el mercado ilegal: “Si un celular robado no puede ser utilizado ni revendido, deja de ser un objeto atractivo para el robo”.

Secuestro de equipos y sanciones

El proyecto contempla el secuestro de todo celular que figure en la base de datos de IMEI robados o cuya procedencia no pueda ser acreditada legalmente. También incluye sanciones económicas para aquellos comercios que intenten vender equipos no registrados o con documentación irregular.

La diputada subrayó que la falta de regulación en la compra y venta de celulares usados es “la principal puerta de entrada” del mercado ilegal. Al obligar a los comercios a registrar cada operación, se los hace responsables de la legalidad de los productos que comercializan.

“Formalizar el mercado protege a los comerciantes y genera un marco de seguridad jurídica. Esto tiene un impacto positivo en la economía, fomentando la competencia leal”, aseguró.

Un enfoque integral

Mesías destacó que la propuesta apunta a una estrategia integral, que actúa sobre la oferta —impidiendo la venta ilegal mediante controles estrictos— y sobre la demanda, al generar conciencia en los consumidores sobre la importancia de adquirir equipos en comercios habilitados. “A diferencia de iniciativas que se enfocan solo en la represión, buscamos abordar el problema desde todos sus ángulos”, concluyó la diputada.