La UCR de La Plata repudia el nombramiento de Presti y alerta por el avance del negacionismo

El desembarco del general Carlos Alberto Presti como ministro de Defensa —el primero en actividad en ocupar ese cargo desde el regreso de la democracia— provocó un inmediato temblor político y reactivó un debate que parecía saldado desde 1983: la conducción civil de las Fuerzas Armadas. Para la Unión Cívica Radical de La Plata, la decisión del Gobierno no es solo un quiebre institucional sino, además, una señal inquietante en un contexto donde resurgen discursos que relativizan el terrorismo de Estado bajo la lógica de los “dos demonios”.

El comunicado difundido por la Mesa de la Junta Central de la UCR platense marca una de las respuestas más contundentes a la decisión presidencial. Desde ese espacio sostienen que el nombramiento implica “un grave retroceso republicano”, al romper un consenso que todos los gobiernos democráticos, sin excepción, mantuvieron como política de Estado: las áreas de Defensa, Seguridad Interior y Aviación Civil deben estar dirigidas por autoridades civiles. Esta premisa, señalan, es un pilar de las democracias modernas porque garantiza controles democráticos, evita corporativismos castrenses y asegura que las Fuerzas Armadas permanezcan subordinadas al poder civil.

📄 | Rechazo absoluto a la designación de un militar en actividad como Ministro de Defensa. pic.twitter.com/5a6HM0YYcC

— UCR La Plata Oficial (@ucr_lp) November 23, 2025

La herida platense: la sombra del Regimiento 7

El rechazo adquiere mayor espesor en La Plata, donde la figura del nuevo ministro está atravesada por una dimensión histórica que no es menor: su padre, el coronel Carlos Roque Presti, comandó el Regimiento 7 de Infantería durante la última dictadura cívico-militar. La ciudad fue uno de los epicentros del terrorismo de Estado y el mando de Presti padre coincide temporalmente con la operatividad de algunos de los espacios más brutales del circuito represivo del Área 113: La Cacha, Arana y la Comisaría 5ª, entre otros centros clandestinos de detención y tortura que operaron coordinadamente en la región.

Organismos de derechos humanos de La Plata han señalado históricamente la responsabilidad de Presti en esos crímenes, incluso en el operativo que culminó con el secuestro de Clara Anahí Mariani, la nieta de Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. El coronel falleció sin condena, pero su figura continúa siendo una cicatriz abierta en la memoria colectiva platense.

En este marco, la UCR local advierte que la designación del hijo del militar sin una posición pública clara sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región “resulta particularmente dolorosa y preocupante para la comunidad platense”.

Una decisión que se lee en clave ideológica

Para el radicalismo, la resolución del Gobierno no puede interpretarse solo como un movimiento administrativo: aparece en un clima político donde sectores del oficialismo reivindican o relativizan el accionar de la dictadura, reabriendo debates que la democracia argentina había dado por cerrados. El comunicado advierte sobre la “búsqueda de coincidencias ideológicas” que habilitan silencios incómodos, versiones negacionistas y la reaparición del discurso de los “dos demonios”, utilizado históricamente para diluir responsabilidades estatales en el terrorismo de Estado.

La UCR remarca que el principio de conducción civil de la Defensa fue construido durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en paralelo al Juicio a las Juntas y a la reconstrucción institucional del país. Ese pacto democrático, recuerdan, fue respetado por todas las administraciones posteriores —peronistas, radicales, aliadas o de centro derecha— como base de estabilidad, civismo y memoria histórica.

Romperlo, sostienen, no es un gesto aislado sino una señal de alerta.

Memoria, institucionalidad y el riesgo de retroceder

El comunicado reafirma la defensa del modelo democrático argentino, que se edificó con dolor sobre los escombros del terrorismo de Estado y sobre la convicción de que nunca más un militar debía conducir políticamente a otros militares. La designación de Presti, advierten, activa un riesgo doble: por un lado, erosiona la institucionalidad al poner en manos castrenses una cartera que debe ser civil; por otro, abre espacio a reivindicaciones implícitas o explícitas del pasado, especialmente en un contexto donde se cuestionan políticas de memoria y derechos humanos.

Para la UCR platense, la gravedad no es abstracta ni simbólica. Se ancla en una territorialidad donde las marcas del terrorismo de Estado siguen presentes —en los juicios, en los espacios de memoria, en los testimonios— y donde cualquier retroceso institucional tiene un impacto directo en una comunidad que fue devastada por la represión ilegal.

La designación de Carlos Alberto Presti no solo divide aguas dentro del sistema político: reinstala el debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas, el lugar de la memoria y los límites del poder civil en democracia. Al hacerlo, expone las líneas de tensión que atraviesan al Gobierno y a la sociedad: entre el negacionismo y la memoria, entre la subordinación militar y la tentación del militarismo, entre los consensos de 40 años y una nueva arquitectura de poder que parece dispuesta a romperlos.

La UCR La Plata concluye reafirmando su compromiso “con la conducción civil de la Defensa, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la democracia”. Y advierte: lo que hoy está en juego no es solo un cargo, sino la vigencia misma de los acuerdos fundamentales que sostienen la vida democrática argentina desde 1983.