La paridad de género en la Corte bonaerense, un desafío pendiente

Organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico han lanzado un llamado urgente para que se priorice la designación de mujeres para cubrir las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA). La SCBA actualmente está compuesta por solo tres integrantes, dos varones y una mujer, a pesar de que debería tener siete miembros.

La solicitud se fundamenta en la necesidad de garantizar la paridad de género en los espacios de toma de decisiones del Poder Judicial y corregir una deuda histórica de subrepresentación de mujeres. En 150 años de historia, solo una mujer ha sido designada jueza del tribunal, lo que evidencia un déficit democrático y de legitimidad.

Las organizaciones, que incluyen Amnistía Internacional, CEJIL, Campaña GQUAL y ELA, entre otras, instan al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a postular mujeres con reconocida trayectoria y compromiso con los derechos humanos y la igualdad. La Recomendación General Nº 40 de la CEDAW establece que los Estados deben asegurar una participación paritaria de las mujeres en todos los sistemas de toma de decisión, incluido el poder judicial.

La designación de mujeres para la SCBA es crucial para fortalecer la legitimidad democrática del Poder Judicial y alinearlo con los estándares constitucionales e internacionales de igualdad. Cubrir las vacantes con mujeres altamente calificadas enviaría una señal clara de compromiso con la igualdad de las mujeres y con una justicia más representativa y legítima.

La oportunidad es histórica, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación también atraviesa un proceso de vacancias y subrepresentación de mujeres. El país tiene ante sí una oportunidad única para corregir desigualdades estructurales y avanzar hacia una configuración del Poder Judicial que refleje la diversidad de la sociedad argentina.

Apostar por la paridad en los más altos órganos de justicia no solo es una cuestión de equidad, sino un paso indispensable para fortalecer la legitimidad democrática y la confianza pública en las instituciones.