La Fundación Encuentro encendió una señal de alarma sobre la precarización laboral en las plataformas de reparto con la presentación del Índice APP (Alcance del Pedido Promedio), una nueva métrica que traduce el costo de vida en la Argentina a una unidad simple y brutal: la cantidad de pedidos que un trabajador debe realizar para cubrir umbrales básicos de ingresos.
El resultado para septiembre de 2025 describe un escenario devastador: un repartidor necesita completar 461 pedidos para alcanzar la Canasta Básica Total de un hogar tipo, equivalente a unos $1.200.000. En otras palabras, la economía de plataformas sólo ofrece estabilidad para quienes pueden sostener jornadas extenuantes y ubicarse en zonas de alta demanda, algo lejos del alcance de la mayoría.
Un modelo laboral guiado por algoritmos
El informe describe un mundo del trabajo segmentado, opaco y regido por algoritmos que definen el ingreso de cada trabajador. Aunque disfrazado de “emprendedurismo”, se trata de un esquema profundamente desigual, sin derechos laborales básicos, sin negociación colectiva y sin sindicalización.
Para medir el alcance real del esfuerzo, la Fundación Encuentro tomó el ingreso por pedido sin propina, y no el valor del ticket del cliente, y lo comparó con indicadores oficiales del INDEC, AFIP y el Consejo del Salario. Con esta metodología, el “pedido promedio” quedó en $2.553,6.
A partir de ese valor, el APP transforma necesidades indispensables —como un alquiler, un tanque de nafta o la canasta alimentaria— en equivalentes de pedidos de delivery:
CBT hogar tipo (4 integrantes): 461 pedidos
Ingreso promedio individual (EPH): 344 pedidos
CBT individual sin alquiler: 149 pedidos
Canasta alimentaria individual: 67 pedidos
Canasta de crianza (bebé): 190 pedidos
Alquiler promedio en CABA: 271 pedidos
Salario Mínimo: 126 pedidos
Monotributo A: 15 pedidos
Tanque de nafta (3,5 L): 2 pedidos
La potencia del indicador radica en su simpleza: permite traducir el costo de vida a una unidad concreta y cotidiana para quienes trabajan en plataformas.
Para llegar a 600 pedidos hay que trabajar 12 horas por día
Además del cálculo estadístico, el informe recogió testimonios que describen el nivel de explotación al que se ven sometidos los repartidores. Un trabajador de Rappi detalló que para alcanzar 500 o 600 pedidos mensuales es necesario trabajar cerca de 12 horas por día y estar ubicado en “zonas de privilegio” como Olivos, Martínez o ciertos sectores de CABA, donde las apps concentran las órdenes.
Quienes quedan fuera de esos circuitos ven desplomarse su caudal de trabajo. La distribución desigual de pedidos reproduce diferencias geográficas y económicas. Si el repartidor se enferma, tiene un accidente o su bicicleta se rompe, simplemente no cobra. No hay obra social, no hay licencias, no hay salario garantizado.
El rol del Estado y la urgencia regulatoria
Mientras países como el Reino Unido ya avanzaron en regulaciones para reconocer derechos laborales a los trabajadores de apps, en la Argentina el sector permanece sin reglas claras ni mecanismos de control estatal. La Fundación Encuentro —ligada al espacio de Sergio Massa— plantea que el Índice APP puede ser una base para ordenar el debate regulatorio, sindical y de políticas públicas, especialmente en un contexto donde las empresas no brindan datos públicos.
La preocupación también excede al trabajador: el comercio barrial y las pymes retroceden cuando operan bajo plataformas como Mercado Libre, que pueden retener hasta un 30% del valor del producto vendido, encareciendo precios y reduciendo márgenes. Se trata de un modelo que concentra ganancias, fija reglas y desplaza derechos laborales en nombre de un capitalismo rentista y de intermediación.
Un indicador para un modelo agotado
El APP se propone como una herramienta para visibilizar lo que los repartidores viven cotidianamente: la distancia entre el esfuerzo físico realizado y la posibilidad real de alcanzar un ingreso digno.Traducir la vida diaria en “cantidad de pedidos” expone una ecuación imposible para miles de trabajadores que sostienen, sin derechos y sin red de protección, gran parte de la logística urbana que hoy consumen las grandes ciudades del país.
En un mercado laboral atomizado, regido por plataformas y sin regulación, el nuevo índice deja una conclusión evidente: sin intervención estatal, el costo del desorden lo paga siempre el trabajador.