El FIT-U impulsa una empresa estatal única de energía para el AMBA

En un contexto de colapsos frecuentes, prolongados cortes de luz y una red eléctrica que muestra signos de agotamiento estructural, el diputado bonaerense del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Ariel Moreno, presentó un proyecto de ley que propone expropiar y estatizar las principales distribuidoras de energía del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): Edenor, Edesur y Edelap. La iniciativa también alcanza al resto de las firmas concesionarias que operan en la región, con el objetivo de crear una “empresa estatal única de energía eléctrica” administrada por trabajadores y usuarios.

La propuesta, ingresada en la Legislatura bonaerense, plantea la caducidad de todas las concesiones privadas vigentes y declara de utilidad pública a las distribuidoras, sometiéndolas al proceso de expropiación con una indemnización simbólica de un peso. Según el texto, el Estado deberá además impulsar acciones para que las compañías compensen al erario público por la falta de inversiones y los daños derivados de décadas de interrupciones, subas de tensión y desperfectos que afectan especialmente a los barrios populares.

Una respuesta a la crisis eléctrica estructural

Moreno fundamentó el proyecto en la crisis energética que atraviesa el AMBA desde hace años, agravada por la falta de mantenimiento, la obsolescencia de la infraestructura y la desinversión persistente de las empresas privadas. Los cortes sistemáticos de luz, los apagones masivos y la precariedad del servicio son señalados como consecuencias directas de un modelo que, según el legislador, priorizó la rentabilidad empresaria por encima de las necesidades de millones de usuarios.

El diputado señaló que, pese a los esquemas de tarifas congeladas y subsidios vigentes desde la poscrisis de 2001, las compañías sostuvieron sus ganancias sin realizar las inversiones prometidas o necesarias. En paralelo, el Estado provincial destinó fondos significativos para sostener al sector energético mientras amplios sectores del AMBA recibían un servicio “pésimo”, especialmente en zonas vulnerables donde la falta de luz implica riesgos concretos para personas mayores y familias enteras.

Gestión estatal con control social

La iniciativa de Moreno no sólo propone la expropiación sino también un cambio profundo en la estructura de gestión. La empresa estatal única quedaría bajo la administración de un comité permanente integrado mayoritariamente por representantes electos de trabajadores, usuarios residenciales y especialistas de universidades públicas. Entre sus funciones estarían la planificación de la expansión de la red, la definición de tarifas vinculadas al salario mínimo y la investigación de posibles sanciones patrimoniales a las empresas salientes.

Asimismo, el proyecto prevé la incorporación plena a la planta permanente de todos los trabajadores del sector, incluidos los actualmente tercerizados o subcontratados, con el objetivo de revertir décadas de precarización que se remontan a las privatizaciones de los años noventa.

Financiamiento y nuevas fuentes impositivas

Para sostener el funcionamiento de la empresa estatal única, el proyecto establece un esquema de financiamiento mixto: el pago de facturas, transferencias directas del Tesoro Nacional fijadas en cada ley de presupuesto y un nuevo impuesto del 3% sobre los ingresos de casinos, bingos, tragamonedas y plataformas de apuestas online que operan en territorio bonaerense. La recaudación estaría a cargo de Lotería de la Provincia.

Además, la propuesta abre la posibilidad de crear contribuciones adicionales a grandes fortunas y ganancias empresariales, con alícuotas especiales sobre impuestos ya existentes como Bienes Personales y Ganancias.

Un debate de fondo en la Legislatura

Moreno rechazó cualquier alternativa de estatización parcial o rescate público que mantenga la lógica de gestión privada. Considera que la única salida “favorable a la mayoría” implica la anulación total de concesiones, la expropiación sin indemnización efectiva y el control social directo del sistema energético.

El legislador convocó a trabajadores, usuarios, técnicos, organizaciones sociales y fuerzas políticas a debatir el futuro del sistema eléctrico bonaerense. “La crisis no es coyuntural”, dijo y subrayó que se trata de un problema estructural que atraviesa a la provincia desde hace décadas.