“Inconstitucional e irrazonable”: La Defensoría rechazó el DNU que permite cortar el agua por falta de pago

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires reclamó al Gobierno nacional que modifique el decreto que habilita a las empresas prestadoras a cortar el servicio de agua potable por falta de pago. El organismo calificó la medida como “inconstitucional e irrazonable” y pidió frenar su aplicación.

El planteo surgió como respuesta al DNU que modificó la regulación del servicio que presta AySA. Entre los cambios más relevantes, se habilita a interrumpir el suministro luego de 60 días de mora desde el segundo vencimiento, una práctica que antes solo permitía una restricción parcial del servicio.

Guido Lorenzino, quien conduce el organismo, advirtió que la decisión podría afectar derechos fundamentales. “Estamos ante una decisión inconstitucional e irrazonable, ya que existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial. De aplicarse, afectaría profundamente los derechos humanos de las y los habitantes de la Provincia”, señaló.

La Defensoría también recomendó al Ministerio de Economía, al ente regulador ERAS y a AySA que se abstengan de avanzar con los cortes totales hasta que el decreto sea revisado. Para el organismo, tanto el agua potable como el sistema de cloacas constituyen un derecho humano básico que el Estado debe asegurar aún frente a situaciones de deuda.

En esa línea, sostuvo que modificaciones de este alcance no deben realizarse a través de un DNU, sino mediante una ley debatida por el Congreso. Y remarcó que las empresas, públicas o privadas, están obligadas a garantizar un mínimo esencial del servicio, indispensable para la vida y la salud de la población.