Los intendentes Juan Luis Mancini (Suipacha), Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) y Guillermo Britos (Chivilcoy) expresaron un contundente rechazo al nuevo peaje que el Gobierno nacional proyecta instalar en el kilómetro de Gorostiaga, sobre la Ruta Nacional 5. La medida, aseguraron, no solo carece de sentido en el actual contexto económico, sino que profundiza la inseguridad vial en uno de los corredores más críticos de la provincia de Buenos Aires.
Los jefes comunales coincidieron en que cobrar por circular sin ofrecer a cambio las obras prometidas, especialmente la autovía, constituye “un nuevo impuesto al tránsito” que no representa ningún beneficio para los vecinos de la región. La postura refleja el mismo malestar que vienen manifestando productores, comerciantes y familias que utilizan diariamente la ruta.
La autovía: una deuda que agrava la inseguridad
El eje del reclamo gira en torno a la “eterna inconclusión” de las obras de autovía sobre la Ruta 5. Los intendentes remarcaron que la falta de avances y el estancamiento de los trabajos convierten al corredor en un foco permanente de siniestros viales.
Aseguran que la instalación de un nuevo peaje solo encarecerá los traslados sin resolver los problemas estructurales, entre ellos el deterioro del pavimento, la ausencia de mejoras integrales y la falta de mantenimiento sistemático.
Impacto directo en la economía regional
El nuevo peaje afectaría de forma inmediata a trabajadores, productores rurales y comerciantes que dependen de la ruta para su actividad diaria. En localidades donde la circulación por la 5 es parte esencial de la dinámica económica, sumar un costo extra —sin contraprestación visible— se percibe como un golpe adicional a la ya delicada situación del interior bonaerense.
Los intendentes también destacaron que la medida encarecerá el transporte de mercaderías, lo que terminará impactando sobre los precios y la competitividad regional.
Mantenimiento insuficiente y más riesgos
El reclamo también apunta a la falta de mantenimiento general del trazado. Según los mandatarios, el estado actual de la ruta, sumado al aumento del tránsito pesado, agrava una problemática que ha derivado en numerosos siniestros fatales.
Para los jefes comunales, avanzar con un peaje en estas condiciones equivale a cobrar por circular en una ruta insegura y deteriorada, sin garantía alguna de mejoras inmediatas.
Otro de los puntos señalados es el escaso impacto laboral que tendría la instalación del peaje. Los intendentes advirtieron que la cabina podría operar de forma casi totalmente automatizada mediante sistemas de telepeaje, lo que elimina la posibilidad de generación de empleo local.
Los intendentes solicitaron a las autoridades nacionales dar marcha atrás con el proyecto y, en su lugar, priorizar la finalización de las obras de autovía y seguridad vial que la región espera desde hace años. “Nuestros vecinos no pueden seguir pagando por infraestructura que nunca llega”, remarcaron.