Pettovello impulsa un sistema de “vouchers laborales” para reemplazar los planes sociales

El Gobierno nacional avanza en una nueva etapa de su política social. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, trabaja en el reemplazo de los planes sociales por un sistema de vouchers de capacitación laboral, articulado con empresas privadas. El objetivo, según explicaron fuentes cercanas a la funcionaria, es orientar la asistencia estatal hacia la formación para la inserción en el mercado formal de trabajo.

El plan piloto se pondría en marcha antes de fin de año en el Centro de Formación de Capital Humano, donde el ministerio otorgará certificaciones de oficios y capacitaciones técnicas. La propuesta plantea que el Estado aporte la infraestructura —edificios y mantenimiento—, mientras que las empresas privadas se encargarán de los contenidos y la instrucción.

Entre las compañías con las que el Gobierno ya mantiene conversaciones se encuentran Arcos Dorados, la franquiciada de McDonald’s, y Sinteplast, dedicada a la fabricación de pinturas. Según la ministra, la iniciativa apunta a “modernizar” la política social, vinculando directamente la ayuda estatal con la formación laboral.

Sin embargo, el anuncio generó críticas y desconfianza en el sector de la economía popular. Nicolás Caropresi, referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), sostuvo que la medida “nada tiene que ver con la realidad del sector ni con la situación del empleo en Argentina”.

“Con este gobierno se han perdido alrededor de 250 mil empleos. Está claro que el problema no está en la falta de formación o ganas de trabajar, sino en que no existen políticas económicas y productivas que generen puestos de trabajo”, señaló.

Caropresi agregó que “en todas las ramas de la economía popular organizada existe formación, en oficios, en derechos, en organización, pero el mercado no absorbe a los trabajadores a pesar de sus capacidades”.

El dirigente también advirtió que la implementación de vouchers “es una nueva manera de arremeter contra el sector más golpeado por la democracia argentina, el de los excluidos y descartados. Es un nuevo poncho para avanzar contra la organización popular en momentos en que el gobierno impulsa una reforma laboral regresiva”.