Alerta por proyecto de ley en combustibles

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) expresó su “firme rechazo” al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que busca obligar a las estaciones de servicio a informar con 72 horas de anticipación cualquier aumento en los precios de los combustibles, y a publicarlos con al menos 48 horas antes de su aplicación.

La iniciativa, impulsada por la diputada Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria), ya cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Servicios Públicos y será tratada próximamente en la Comisión de Legislación General, con posibilidades de llegar al recinto en las próximas semanas.

Riesgo de desabastecimiento y distorsiones en el mercado

Desde CECHA advirtieron que la medida podría provocar serios inconvenientes en el funcionamiento del mercado de combustibles. Uno de los principales riesgos señalados es el desabastecimiento temporal, producto de un eventual aumento en la demanda previo a las subas anticipadas, lo que podría generar picos artificiales de consumo y quiebres de stock.

Además, la confederación alertó sobre la confusión operativa y legal que implicaría la obligación de exhibir precios futuros, en contradicción con la normativa vigente que exige mostrar únicamente los valores actuales de venta.

El sector también remarcó que muchas petroleras aplican esquemas dinámicos de precios, con ajustes a lo largo del día según condiciones del mercado, algo que —según CECHA— sería inviable de implementar bajo el régimen propuesto.

En ese sentido, señalaron que la iniciativa podría alterar la competencia entre operadores y entorpecer la relación comercial con las compañías proveedoras, además de sumar burocracia y duplicar regulaciones ya existentes.

Superposición normativa y llamado al diálogo

Finalmente, la entidad cuestionó la superposición normativa que generaría la propuesta, al replicar mecanismos de control ya establecidos a nivel nacional que garantizan la transparencia y la defensa del consumidor.

CECHA reafirmó su compromiso con el “funcionamiento ordenado del mercado de combustibles” y pidió a los legisladores bonaerenses reconsiderar los posibles impactos negativos que la ley podría tener tanto sobre la actividad económica del sector como sobre el abastecimiento para la población.