Menos fideicomisos, más control: la nueva arquitectura financiera de la Provincia

El proyecto de Presupuesto 2026 que Axel Kicillof envió a la Legislatura bonaerense no solo traza el plan económico para el próximo año, sino que también plantea un cambio institucional de fondo en la administración de las obras públicas. A través de los artículos 56 al 63, el Ejecutivo propone disolver dos fondos fiduciarios históricos: el Programa de Mejora de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires (PROMEI) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial.

Ambos instrumentos, creados para financiar proyectos de infraestructura y urbanización, dejarán de existir como entes autónomos y serán absorbidos por dependencias del propio gabinete provincial. La decisión, en los hechos, reproduce el modelo de “desfideicomización” que impulsó el presidente Javier Milei a nivel nacional, al eliminar o intervenir fondos fiduciarios que, según el discurso oficial, operaban con escasa transparencia o fuera del control presupuestario directo.

De los fondos al control ministerial

El artículo 56 del Presupuesto dispone la disolución del PROMEI, creado por la Ley 14.393 y modificado por la Ley 15.310. Su contrato de fideicomiso, aprobado por el Decreto 114/2023, quedará extinguido. Según el texto, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos absorberá todas las obras en ejecución, programas y operatorias del fondo.

De igual modo, el artículo 59 ordena la liquidación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, vigente desde el año 2000. En este caso, las funciones pasarán al Instituto de la Vivienda de la Provincia, que se hará cargo de los proyectos, obligaciones y recursos asociados.

En ambos procesos, los instrumentos financieros emitidos a favor de los fondos deberán cancelarse anticipadamente, y los activos remanentes serán transferidos al Tesoro provincial, según lo estipula el artículo 62. El Ministerio de Economía tendrá la facultad de realizar las adecuaciones necesarias para concretar las transferencias.

Centralización y control del gasto

El argumento central del Ejecutivo provincial apunta a simplificar la estructura administrativa y fortalecer el control financiero sobre los recursos destinados a obras e infraestructura. En los hechos, la medida implica que la ejecución de los proyectos dejará de pasar por figuras fiduciarias con administración propia —una herramienta utilizada en los últimos 20 años para agilizar pagos y financiamiento— y quedará bajo la órbita directa de los ministerios.

La iniciativa no pasa desapercibida en un contexto en el que la relación con la Nación está marcada por el ajuste fiscal y las deudas pendientes. En ese sentido, el proyecto puede leerse como un gesto de autonomía administrativa, en sintonía con la narrativa de Kicillof de “ordenar con recursos propios” frente a la asfixia presupuestaria del Gobierno nacional. La Legislatura bonaerense deberá ahora definir si avala esta reestructuración en el marco del debate por el Presupuesto 2026, donde la discusión no será solo sobre números, sino también sobre el modelo de gestión del Estado provincial.