Juicio de La Huerta: condenaron a ocho genocidas de la última dictadura militar

El Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata dio a conocer el veredicto del Juicio de La Huerta, proceso en el que se investigaron delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Subzona 12, que abarca una amplia región del centro bonaerense.

El juicio comenzó el 25 de febrero de 2022 y se extendió durante 104 audiencias, en las que declararon 213 testigos. Este viernes, el tribunal dictó ocho condenas contra exmilitares y agentes involucrados en el circuito represivo.

Los exjefes de las secciones Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea de Tandil, Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado, junto a los represores Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret, recibieron prisión perpetua.

En tanto, Martín Carlos Luzuriaga fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión, Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses, Roberto Jorge Casares a 6 años, y José Luis Álvarez a 5 años. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 19 de diciembre.

El proceso también dejó 27 absoluciones y fue acompañado por organismos de derechos humanos, familiares y funcionarios. Entre ellos, participó el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, hijo del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, una de las víctimas del terrorismo de Estado.

El juicio y su alcance

El Juicio de La Huerta investigó los crímenes perpetrados en 14 centros clandestinos de detención, entre ellos La Huerta, Monte Pelloni, la Base Aérea de Tandil, la Unidad Penal N°7 de Azul y las comisarías 1ª y 2ª de Tandil.

Las víctimas eran en su mayoría trabajadores, militantes y delegados gremiales de ciudades como Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores, Rauch, Saladillo y Mar del Plata. Algunos casos se vinculan con la persecución a empleados de las cementeras Loma Negra y Avellaneda, lo que volvió a poner en debate la complicidad empresarial durante la dictadura.

En total, se juzgaron los crímenes contra 191 personas, de las cuales varias no pudieron declarar por su edad o fallecieron antes del inicio del proceso. El tribunal determinó que todos los hechos fueron delitos de lesa humanidad, imprescriptibles según el derecho internacional.

El fallo representa un nuevo avance en el proceso de memoria, verdad y justicia, en una causa que durante décadas fue reclamada por los organismos de derechos humanos y las comunidades del centro bonaerense.