El ajuste más profundo del Estado en dos décadas: Milei eliminó 57.600 empleos públicos en menos de dos años

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que, entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, el gobierno de Javier Milei ejecutó una reducción sin precedentes en la estructura del Estado nacional: 57.621 trabajadores despedidos, lo que equivale a una caída del 16,8% en la dotación total del sector público.

Desde su asunción, el presidente libertario sostuvo como eje de gestión el “desguace del Estado”, promoviendo recortes masivos en programas, empresas públicas y organismos técnicos. El informe subraya que no se trata de una racionalización administrativa, sino de una política deliberada de ajuste estructural que impacta directamente en la capacidad operativa del Estado y en la prestación de servicios esenciales.

El golpe más fuerte, en los organismos descentralizados

El vaciamiento más severo se produjo en los organismos descentralizados, que perdieron 25.862 puestos (–18,9%). Les siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 19.460 despidos (–17,6%), y la administración centralizada, con 8.484 bajas (–15,1%).

En términos absolutos, los despidos se concentraron en áreas claves del Poder Ejecutivo, debilitando funciones operativas, de control y regulación que históricamente garantizaban el funcionamiento del Estado nacional.

Empresas estratégicas al borde del colapso

El caso más emblemático es el del Correo Argentino, que encabeza el listado con 5.063 despidos. Según el CEPA, esta reducción no solo afecta al servicio postal, sino también a su rol en la conectividad territorial, la logística electoral y la distribución de DNI, medicamentos y materiales educativos.

Le siguen la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.116 cesantías, el Banco Nación, con 1.968 despidos, y Aerolíneas Argentinas, con 1.782 bajas, todas empresas estratégicas para la infraestructura y el desarrollo federal. En AySA, se registraron 1.647 despidos, lo que pone en riesgo la provisión de agua potable y saneamiento en el AMBA.

En términos proporcionales, el ajuste más drástico se produjo en la ex agencia Télam, donde se despidió a casi el 80% del personal, dejando al organismo en “virtual extinción operativa”. También fueron severos los recortes en ENARSA Patagonia, Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que desempeñaban roles estratégicos en la producción educativa y cultural con enfoque federal.

Ciencia, tecnología y control: víctimas del ajuste

El ámbito científico y técnico sufrió un golpe de gran magnitud. La ARCA (Agencia de Recaudación de la Seguridad Social) lidera los despidos dentro de la administración pública, con 3.148 puestos eliminados, afectando directamente la capacidad recaudatoria del Estado.

El CONICET, principal institución de investigación científica del país, perdió 1.716 trabajadores, mientras que el INTI sufrió una reducción de 745 técnicos y especialistas.
En el SENASA, los 573 despidos comprometen la sanidad animal y vegetal y la trazabilidad de exportaciones agroalimentarias, con posibles efectos económicos y sanitarios a gran escala.

El ENACOM también se vio fuertemente afectado, con 810 desvinculaciones, lo que limita la regulación del espectro radioeléctrico y las políticas de conectividad e inclusión digital.

ANSES, INAES y organismos sociales en emergencia

En el plano social, el recorte alcanzó al corazón del sistema de protección social: la ANSES, que perdió 1.532 empleados, enfrenta una fuerte merma en su capacidad de atención y gestión de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) fue el más golpeado en términos proporcionales, con una reducción del 64,4% de su personal, seguido por la Junta de Seguridad en el Transporte (–45,6%) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con una baja del 42,6%.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) perdió un 34,7% de su planta, comprometiendo la atención a personas con discapacidad, mientras que el Fondo Nacional de las Artes y el Registro Nacional de Armas también sufrieron recortes superiores al 30%.

“Un Estado vaciado de contenido y conocimiento”

El CEPA advierte que el proceso no distingue entre áreas técnicas, científicas, sociales o administrativas, y que “el enfoque es cuantitativo más que estratégico”.
“Se reduce personal sin evaluar el impacto institucional ni las capacidades públicas que se están desarticulando”, señala el documento.

Para los autores del informe, lejos de modernizar o hacer más eficiente al Estado, el plan libertario lo vacía de contenido, conocimiento y herramientas. El resultado es un aparato estatal debilitado, con menor capacidad de regulación, control, investigación y asistencia a los sectores más vulnerables.