Patrimonios en campaña: los millones declarados y los silencios que incomodan a la política bonaerense

Con la campaña entrando en su tramo final, la lupa vuelve a posarse sobre los patrimonios de los principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La presentación de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción —una exigencia legal cuyo plazo venció el 5 de septiembre— deja al descubierto no sólo las fortunas personales, sino también las inconsistencias y los incumplimientos que ponen en duda el compromiso con la transparencia pública.

De los aspirantes que encabezan las listas más competitivas, y según detalla el sitio Chequeado, Florencio Randazzo (Provincias Unidas) encabeza el ranking con un patrimonio declarado de $3.184 millones, una cifra que lo coloca muy por encima del resto. Según su propia explicación, el 80% de esa fortuna proviene de su participación en empresas privadas como La Grulla SA, Simétrica SA y El Gimnasio Platense SRL, a las que se suman inversiones bursátiles por casi $700 millones. Randazzo también informó propiedades en La Plata, una moto BMW y un Ford Falcon de 1972, símbolos de una prosperidad que —según aclara— no depende del Estado.

En segundo lugar, Diego Santilli (La Libertad Avanza) declaró $691,1 millones, donde el dato más significativo es la valuación de su departamento de 364 m² en la Ciudad de Buenos Aires, tasado en más de $599 millones. El exvicejefe de Gobierno porteño sumó además un automóvil, depósitos bancarios y participaciones por $53,7 millones en Sanfor Investments SA, una empresa vinculada al rubro de la construcción.

El podio lo completa Jorge Taiana (Fuerza Patria), con $214,8 millones. El exministro de Defensa declaró dos departamentos adquiridos en los años ’90, un auto Volkswagen Bora y ahorros en pesos y dólares, incluyendo una cuenta en el exterior. Aunque lejos de los números de Randazzo y Santilli, su caso refleja el perfil de un funcionario de larga trayectoria política y patrimonio estable.

Muy por debajo en la escala económica aparece Nicolás del Caño (Frente de Izquierda – PTS), con apenas $5,8 millones. El dirigente trotskista declaró la mitad de una vivienda heredada en San Martín y ahorros modestos en pesos. Como en años anteriores, dejó constancia de que dona buena parte de su salario legislativo a “fondos de huelga y trabajadores en lucha”, lo que lo ubica en el extremo opuesto del mapa patrimonial.

Los que no cumplieron: sombras sobre la transparencia

Pero más allá de los montos declarados, el otro dato que preocupa es el de los candidatos que aún no cumplieron con la obligación legal de presentar su declaración jurada patrimonial. Entre ellos se encuentran Karen Reichardt (La Libertad Avanza), María Eugenia Talerico (Potencia) y Fernando Gray (Unión Federal).
La omisión, en un contexto de desconfianza ciudadana y crisis institucional, refuerza las sospechas sobre el compromiso real de ciertos sectores con la rendición de cuentas.

La ley establece que todos los candidatos a cargos nacionales deben presentar esta información ante la Oficina Anticorrupción, justamente para prevenir conflictos de intereses, enriquecimiento ilícito o uso indebido de influencias. Sin embargo, el control sobre su cumplimiento sigue siendo débil y, en muchos casos, meramente formal.

La provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del padrón nacional, será el epicentro de la elección del 26 de octubre, donde se renovará la mitad de la Cámara de Diputados. En ese escenario, conocer cuánto tienen —y cuánto deciden mostrar— quienes buscan representar a millones de argentinos no es un detalle menor: es una prueba de coherencia entre el discurso público y la ética personal. En una Argentina donde la brecha entre los representantes y los representados parece ensancharse cada vez más, los patrimonios de los candidatos funcionan como una radiografía de las asimetrías sociales y políticas.