Desigualdad bajo techo: advierten que la desregulación del mercado profundizó la crisis de vivienda

La falta de regulación, los aumentos desmedidos y las condiciones abusivas en los contratos generaron un escenario donde, según la Federación Inquilinos Agrupados, “el Estado se convirtió en cómplice de la crisis de vivienda”.

En diálogo con Política del Sur, el presidente de la Federación, Gervasio Muñoz, analizó las consecuencias del decreto 70/2023, que desreguló por completo el mercado inmobiliario. “Se viene profundizando una lógica que se impuso desde que asumió el gobierno nacional. La flexibilización de los contratos y las condiciones profundamente abusivas están generando que la situación sea cada vez peor”, afirmó.

Muñoz explicó que los nuevos contratos suelen ser cortos, con aumentos trimestrales o cuatrimestrales, lo que vuelve imposible sostener los pagos. Además, remarcó que los inquilinos cargan con gastos que antes correspondían a los propietarios. “Los arreglos de la vivienda, los impuestos y las expensas recaen sobre los inquilinos. Es una transferencia de ingresos muy fuerte hacia los rentistas”, señaló.

El dirigente también describió el impacto económico de esta dinámica: “Los hogares están profundamente endeudados porque destinan la mayor parte del salario al alquiler y usan la tarjeta de crédito para comprar comida”.

Para Muñoz, uno de los factores que agrava el problema es la acumulación de propiedades vacías. “Si el Estado deja que cualquiera pueda tener la cantidad de viviendas que se le antoje vacías, eso presiona sobre el resto del mercado, suben los precios y terminamos destinando un salario para el alquiler y otro para vivir”, denunció.

En esa línea, advirtió que ningún gobierno enfrenta al mercado inmobiliario, y ejemplificó con la venta del predio del Regimiento de Patricios al empresario Eduardo Constantini por 175 millones de dólares. “Ese predio depende de la Agencia de Bienes del Estado, que hoy está a cargo del ex CEO del grupo IRSA, Eduardo Epszteyn. El Estado es un facilitador de negocios que finalmente agudiza la crisis habitacional”, sostuvo.

Muñoz también criticó las políticas de crédito, como el Procrear o los préstamos UVA, que a su entender solo terminan encareciendo la tierra y las viviendas. “Siempre que hay políticas de crédito sobre el suelo o la vivienda, los precios aumentan exponencialmente. El talón de Aquiles para resolver la crisis habitacional es el suelo y la vivienda dolarizada. Pensar que un trabajador puede comprarse una casa es una consigna vacía”, expresó.

Para el referente de Inquilinos Agrupados, la raíz del problema no está en la falta de viviendas, sino en su inequitativa distribución. “Hoy hay más viviendas que hogares en Argentina. No es un problema de construcción, sino de distribución. Hay personas que tienen 1500 propiedades y otras 500 o 700, mientras muchísima gente nunca tendrá una. Tenemos que discutir esa desigualdad”, enfatizó.

En ese contexto, señaló que el mercado inmobiliario prioriza la especulación por sobre el acceso a la vivienda. “Los sectores de poder económico prefieren construir y dejar vacíos los edificios, porque la renta está asegurada en un mercado dolarizado. Los bancos ya no otorgan créditos hipotecarios; compran edificios enteros”, explicó.

Finalmente, Muñoz cuestionó la lógica que empuja a las familias trabajadoras fuera de los centros urbanos. “Nos dicen que queremos vivir en la ciudad de Buenos Aires, pero lo que queremos es vivir donde trabajamos. No se puede ofrecer un lote con servicios a 70 kilómetros de distancia. Primero tienen que existir servicios, transporte y escuelas. El mercado construye en los centros de las grandes urbes no para desarrollar la ciudad, sino para capturar la renta que genera el Estado”, concluyó.