La Provincia refuerza la protección del frente costero bonaerense

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso un endurecimiento en las condiciones para construir frente al mar y en las riberas fluviales. A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, la Autoridad del Agua (ADA) estableció nuevas restricciones edilicias y reforzó su poder de fiscalización sobre las obras en la franja costera, con el objetivo de resguardar los ecosistemas, ordenar el desarrollo urbano y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La Resolución 1520/2025 fijó que no podrán realizarse loteos ni edificaciones dentro de una franja de 150 metros desde la línea de ribera del Mar Argentino, en el partido de General Pueyrredón. También prohíbe construir sobre médanos o cadenas de médanos, incluso si se encuentran más alejados de la costa. Con esta disposición, se reemplaza el retiro de 100 metros establecido en 2014, alineado entonces con una ordenanza municipal, y se adopta el estándar previsto por el Código de Aguas (Ley 12.257).

Según la ADA, la medida busca evitar el avance urbano sobre los médanos, considerados áreas de protección ambiental prioritaria. El organismo explicó que el criterio anterior había perdido sustento, dado que solo se hallaron dos parcelas alcanzadas por aquella restricción más laxa. “Resulta oportuno adecuar la situación existente al marco vigente de protección, conservación y manejo del recurso hídrico”, señaló en los fundamentos de la resolución.

La decisión contó con la intervención de la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, y fue notificada a las empresas desarrolladoras involucradas, entre ellas Constructora Cromar S.A. y Bosques del Faro S.R.L., que manifestaron su conformidad con la nueva distancia de resguardo. La ADA también dispuso comunicar los cambios al municipio de General Pueyrredón y publicar la normativa en el Boletín Oficial.

En paralelo, mediante la Resolución 1521/2025, la Provincia determinó que los municipios deberán requerir la intervención previa de la Autoridad del Agua antes de autorizar cualquier obra que implique modificaciones materiales o jurídicas en las riberas marítimas o fluviales. La disposición alcanza a zonas cedidas para su uso o explotación turística, pero sobre las cuales el Ejecutivo bonaerense mantiene sus facultades de reglamentación, inspección y control.

El texto oficial recuerda que, pese a las cesiones de décadas anteriores, la Provincia “se ha reservado las atribuciones de reglamentación, inspección, verificación e intervención” sobre el dominio público costero. Con este refuerzo normativo, la ADA busca unificar criterios técnicos y evitar interpretaciones locales dispares respecto de la aplicación de las normas ambientales.

Con ambas resoluciones, el gobierno bonaerense fortalece el esquema de protección integral de las riberas y del frente costero, con el fin de prevenir la degradación ambiental, ordenar el crecimiento urbano y garantizar la preservación de los ecosistemas costeros. A partir de ahora, cada municipio deberá coordinar con la Autoridad del Agua antes de aprobar proyectos que puedan alterar la línea de ribera, los médanos o el dominio público hídrico.