
El escándalo por la memecoin $LIBRA suma un nuevo capítulo judicial. A casi ocho meses del estallido del caso, el fiscal federal Eduardo Taiano ordenó peritar los teléfonos de Javier y Karina Milei, en busca de pruebas que los vinculen con los impulsores del proyecto cripto que generó polémica política y financiera.
El objetivo de la investigación es determinar si el presidente de la Nación mantuvo comunicaciones con Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y otros involucrados en el lanzamiento de $LIBRA, antes, durante o después de su aparición pública. La medida alcanza también a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Sergio Morales, quien se desempeñaba como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) al momento de los hechos.
Los dispositivos fueron incautados el 6 de marzo de este año. Entre ellos, se encuentran un iPhone 16 Pro Max, un Motorola E6 Play y una CPU gamer pertenecientes a Novelli; y un Samsung Z Flip 3, una MacBook Air y un pendrive Sony de 32 GB de Morales.
Según informó Hugo Alconada Mon en La Nación, el pedido fue dirigido a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal, con el fin de rastrear cualquier contenido vinculado al proyecto $LIBRA. El análisis forense abarcará mensajes, imágenes y cualquier comunicación con actores clave del ecosistema cripto, como Sebastián Serrano (CEO de Cardano), Charles Hoskinson (Kip Protocol), Julian Peh (Cube Exchange) y Bartosz Lipinski.
Se revisarán todas las plataformas de mensajería, incluyendo WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn y SMS tradicionales, además de 13 números asociados a Javier Milei y un número a Karina Milei. También se analizarán temas tratados, desde el desarrollo y lanzamiento de $LIBRA hasta términos vinculados al mundo cripto como “memecoin”, “token”, “solana”, “binance”, “kraken”, “insider”, “rug pull” o “pump and dump”, así como referencias al gobierno y a la gestión presidencial.
El fiscal solicitó además establecer la geolocalización de los dispositivos en períodos clave, revisar si se instalaron aplicaciones de exchanges o billeteras virtuales como Phantom y Solflare, y recuperar contenido eliminado.
La noticia se conoció un día después de que la comisión investigadora que preside el diputado Maximiliano Ferraro sufriera un traspié judicial: el juez Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de los legisladores para permitir la comparecencia de distintos testigos con auxilio de la fuerza pública. Ferraro cuestionó la medida y adelantó que apelarán la resolución: “No se trata de un pedido caprichoso, sino de una necesidad derivada de garantizar el cumplimiento efectivo de nuestras funciones. La decisión del juez vacía de eficacia práctica al poder de contralor político y pretende subordinar las atribuciones del Congreso a la discrecionalidad judicial”.