Ley de Suelos en Buenos Aires: ¿protección ambiental o intromisión en la propiedad privada?

Un proyecto de Ley de Suelos presentado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires (CIAFBA) desató un intenso debate en el sector agropecuario bonaerense. La iniciativa, que busca declarar la protección del suelo y el agua como de interés público, fue criticada por productores y legisladores, que alertan sobre posibles impactos en la autonomía de la propiedad privada y el aumento de la burocracia.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) manifestó su rechazo, advirtiendo que la norma podría “avanzar sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso”.

📢 #CARBAPdice
Rechazamos el proyecto de Ley de Suelos elaborado por el CIAFBA, esto avanza sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso.@PabloGinestet @kovavete @Carlosmbilbao… pic.twitter.com/513LBr37Ru

— CARBAP (@CARBAP_ARG) October 1, 2025

El diputado provincial Luciano Bugallo sostuvo que, aunque el proyecto “suena muy lindo”, en la práctica puede transformarse en un instrumento de persecución y control político y económico. Según explicó, el proyecto faculta al Estado para intervenir en decisiones de los productores, obligándolos a presentar planes de uso y manejo de la tierra, firmados únicamente por ingenieros agrónomos matriculados en CIAFBA. “Convierte a los productores en rehenes de una corporación que cobra honorarios obligatorios”, advirtió Bugallo.

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Rechazamos el proyecto de Ley de Suelos elaborado por el CIAFBA, esto avanza sobre la propiedad privada de los productores imponiendo controles, sanciones y burocracia que nada aportan al cuidado real del recurso.@PabloGinestet @kovavete @Carlosmbilbao… pic.twitter.com/513LBr37Ru

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El legislador resaltó además que la iniciativa establece un sistema de premios y castigos, vinculando beneficios impositivos a la obediencia de los planes oficiales. “En lugar de fomentar la innovación, la inversión y la libertad de producción, promueve un esquema intervencionista y corporativista que puede ser utilizado como herramienta de persecución”, concluyó.

Por su parte, los representantes de CIAFBA defendieron la iniciativa ante la Comisión de Asuntos Agrarios y Pesca del Senado bonaerense. Lorena Elorriaga, Horacio Repetto y Guillermo Studdert sostuvieron que el suelo es un recurso finito y que su mal uso genera erosión y pérdida de materia orgánica. “El proyecto busca velar por el uso eficiente y seguro de los recursos naturales para producir alimentos y otros bienes y divisas”, indicaron.

El proyecto contempla la creación de una Mesa Provincial integrada por ingenieros agrónomos, funcionarios, entidades agropecuarias e instituciones científicas, y un Fondo Provincial para el “Cuidado y Recuperación del Suelo y el Agua”. También prevé beneficios fiscales para quienes adhieran a los planes de manejo aprobados, con énfasis en la conservación de suelos y mitigación de efectos del cambio climático.

Sin embargo, Bugallo cuestiona la viabilidad y los costos de la propuesta. Según el legislador, destinar fondos públicos a un esquema de control puede resultar en un gasto innecesario y una mayor presión impositiva sobre los productores. “Si de verdad queremos cuidar los suelos, lo primero es reducir la carga fiscal que hoy alcanza el 70% y darle rentabilidad al productor. Con más margen, se invierte en fertilización y conservación; sin eso, muchas veces se termina haciendo minería a cielo abierto en lugar de agricultura”, argumentó.

El debate refleja la tensión entre la necesidad de preservar los recursos naturales y la preocupación por la autonomía de los productores. Mientras el CIAFBA promueve la ley como un instrumento de cuidado integral del suelo y el agua, buena parte del sector agropecuario y algunos legisladores alertan sobre riesgos de intervención excesiva y corporativismo profesional.

En este contexto, el futuro de la Ley de Suelos dependerá del equilibrio que logre entre regulación ambiental y respeto a la propiedad privada, un desafío que marcará la agenda política y económica del agro bonaerense en los próximos meses.