
El escándalo por los presuntos vínculos de José Luis Espert con el empresario acusado de narcotráfico Fred Machado dejó al descubierto las fisuras en la estrategia política de La Libertad Avanza (LLA). Mientras Javier Milei redobló el blindaje sobre su candidato en Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, eligió un camino más incómodo: respaldarlo con reservas, pero exigiendo explicaciones claras.
En las últimas horas, Espert protagonizó una tensa entrevista televisiva en A24 donde esquivó más de diez veces la pregunta central: ¿recibió o no los 200 mil dólares que la Justicia de Texas vincula a Machado? El economista no lo negó y, en cambio, intentó responsabilizar al dirigente José Bonacci por los aportes en la campaña de 2019. La maniobra no solo fracasó —Bonacci lo desmintió en vivo— sino que reabrió viejas internas en el espacio.
Bullrich, el apoyo con condiciones
Lejos de sumarse al blindaje total de Milei, Bullrich fue clara e insistió en su planteo: “José Luis tiene que contestar”. La funcionaria planteó que “cuando uno no tiene nada que esconder, lo mejor es hablar”, y no dudó en diferenciar la vara de la coalición libertaria respecto de la oposición: “El voto liberal exige respuestas, el voto kirchnerista no”.
Ese matiz revela una tensión política de fondo, más allá de las formas. Bullrich acompaña el proyecto de Milei, pero cuida su capital político en la CABA, donde es candidata para el Senado, mientras en la Provincia, donde Espert no logra despegar y carga con un costo reputacional cada vez más alto y comprometido. Es así como quedaron a cielo abierto, las intenciones de la ministra de sostener la credibilidad del oficialismo sin quedar atada a un candidato que hoy es más problema que solución.
Milei juega al todo o nada
El presidente, en cambio, cerró filas. “Si creyera que alguno está sucio, lo hubiera echado”, sentenció Milei, quien interpretó las denuncias como parte de una “operación berreta” del kirchnerismo. La apuesta es clara: sostener a Espert hasta las elecciones, blindarlo con los fueros parlamentarios y evitar que el caso sea leído como un triunfo de la oposición.
Sin embargo, esa decisión arrastra riesgos. El ruido interno en la Casa Rosada crece, sobre todo porque Espert dejó una advertencia pública que sonó casi como desafío: “Si me piden que me corra, no lo acepto de ninguna manera”. En un escenario en el que el candidato podría transformarse en un costo político acumulativo, Milei queda preso de su propio discurso de “no negociar con los forajidos de la casta”.
Una trama difícil de despejar
Más allá de los movimientos discursivos, las pruebas judiciales son pesadas: vuelos privados sin declarar, uso de una camioneta blindada provista por Machado, balances partidarios con inconsistencias y la transferencia de 200 mil dólares documentada en Estados Unidos. A ello se suma el crecimiento patrimonial de Espert tras la campaña de 2019, con la compra de una mansión en San Isidro y un BMW de alta gama, contrastando con declaraciones electorales mínimas.
En paralelo, en Texas ya fue condenada la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, a 16 años de prisión por lavado de dinero, lo que confirma el calibre internacional del caso.
En el Congreso, se multiplican los pedidos de expulsión contra Espert. En el oficialismo, el escándalo pone a prueba la cohesión interna y la capacidad de Milei de mantener el control del relato. En la oposición, alimenta el discurso de que el “anticasta” no es tan distinto de aquello que promete combatir.
Si bien el desenlace todavía es incierto, lo cierto es que el caso Espert ya dejó de ser un problema personal del candidato para transformarse en un desafío político mayor. Bullrich lo sabe y marca distancia. Milei, en cambio, eligió blindar. Entre esas dos estrategias se juega no solo la campaña de LLA en la Provincia, sino también la narrativa de pureza ética que sostenía al gobierno libertario.