“Quiebre productivo” y derechos vulnerados: las alertas de Malaisi en la Legislatura

La diputada bonaerense Belén Malaisi, integrante del bloque UCR + Cambio Federal, presentó en la Legislatura provincial dos proyectos que buscan poner sobre la mesa problemáticas estructurales: el deterioro del aparato productivo nacional y la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Ambas iniciativas se inscriben en un contexto de crisis económica, tensiones sociales y reclamos persistentes de sectores vulnerables.

El quiebre del aparato productivo nacional
En el primer proyecto, Malaisi alerta sobre la situación crítica que atraviesa el sistema productivo argentino. En esa línea, la legisladora plantea que “el modelo rentístico financiero implementado por el gobierno nacional, tiene consecuencias económicas y sociales  sobre la producción y el empleo”.
Asimismo detalló que, según el último informe elaborado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, muestra y grafica el quiebre del aparato productivo nacional, representado en el cierre de 15.302 empresas y la pérdida de 219. 256 empleos formales en los últimos 19 meses. “Si a eso le sumáramos el empleo formal, que es el más vulnerable nos daríamos cuenta que la magnitud de la crisis económica, social y productiva que vive nuestro país”, sostuvo.
En su proyecto de declaración, Malaisi alerta que dentro del segmento de pérdida de empleos aparece la construcción con la disminución de 81.463 empleos, producto del fin de la obra pública nacional y el retroceso de la actividad económica. “Estos datos de la construcción se multiplican ya que ese sector por la estacionalidad de los empleos por las características históricas del rubro representa más los empleos informales que los formales”, añade. A la construcción le siguen el transporte y almacenamiento con 53.101 empleos y la industria con 43.063.
“Estamos hablando de prácticamente 220 mil familias que ven deteriorarse su vida económica y social producto de una política económica que castiga la producción para privilegiar un modelo de especulación financiera, que sabemos cómo termina”, sentenció.

Ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El segundo proyecto expone otra deuda pendiente: la falta de aplicación plena de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Malaisi sostiene que, pese a la normativa vigente, persisten demoras en los pagos a prestadores, dificultades en el acceso a insumos y barreras administrativas que impiden que personas con discapacidad reciban la atención que corresponde por derecho.

La diputada reclama que: “el presidente de la Nación viola en forma flagrante el sistema constitucional argentino, nuestro país no tiene un presupuesto vigente, está en vigencia el presupuesto de 2023 y dentro del mismo el Poder Ejecutivo cuenta incluso con la delegación de facultades legislativas que le permitan reasignar recursos” dice y añade: “no se puede legitimar en el sistema democrático argentino estas actitudes que no condicen con el sistema republicano, porque en caso de naturalizarse se estaría dando muerte al rol del parlamento de nuestro sistema”.
La diputada bonaerense recordó que el Poder Ejecutivo no tiene potestad para no ejecutar normas, porque justamente esa es su naturaleza. “El debate sobre los recursos no es un tema menor, vimos cómo en forma electoral  se eliminó por 30 días las retenciones a los productores agropecuarios con el fin de que se liquiden dólares y poder sostener un esquema cambiario artificial y especulativo hasta las elecciones nacionales”. “Pocas veces se vio un desapego a nuestro sistema constitucional, a la responsabilidad del Estado, y a la naturaleza del Poder Ejecutivo Nacional. Estas decisiones no pueden naturalizarse, ni legitimarse, porque en caso de hacerlo ponen en riesgo y contradicción al sistema republicano de gobierno”, concluyó.
Los proyectos comparten un hilo conductor esencial: la crítica a la ineficiencia estatal y la búsqueda de respuestas concretas frente a crisis que afectan a vastos sectores de la sociedad.