
El diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, quedó en el ojo de la tormenta luego de que una investigación judicial de Estados Unidos confirmara que recibió un aporte de 200.000 dólares del empresario Alfredo “Fred” Machado, detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico, lavado de dinero y fraude.
La revelación, acompañada por documentos contables y un video en el que el propio Espert agradece públicamente a Machado, generó un cimbronazo político en la Cámara de Diputados y abrió un debate sobre la transparencia en el financiamiento electoral en Argentina.
El vínculo financiero y logístico
De acuerdo con peritos contables de Texas, la transferencia a Espert se realizó el 1 de febrero de 2020 desde un fideicomiso compartido por Machado y su socia Debora Lynn Mercer-Erwin, condenada en Estados Unidos a 16 años de prisión por narcotráfico.
Además del giro millonario, la investigación detalla que Machado aportó recursos logísticos a la campaña de Espert: un avión privado para traslados y una camioneta Grand Cherokee. El vínculo entre ambos se habría iniciado en 2019, durante la presentación del libro La Sociedad Cómplice en Viedma, donde Espert agradeció públicamente el apoyo del empresario. El registro de ese momento se hizo viral durante las últimas horas.
Pero el dato que hace más ruido y ha desatado la polémica apunta a otro nexo más: el abogado de Machado es Francisco Oneto, ex candidato a vicegobernador por La Libertad Avanza y abogado de Javier Milei.
La defensa del diputado libertario
Consultado por el tema, Espert se defendió calificando el caso como “una campaña sucia” impulsada por el kirchnerismo. Reconoció haber aceptado ayuda de Machado, pero aseguró desconocer las actividades ilícitas de quien lo apoyó.
“Si hubiera sabido quién era, no le agradecía a los cuatro vientos”, afirmó. Según su versión, el vínculo se limitó a cuestiones logísticas y financieras de campaña, sin conocimiento del trasfondo criminal del empresario.
El escándalo tomó dimensión parlamentaria cuando Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, exigió la salida inmediata de Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. “No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, escribió en la red X.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda es clave en el Congreso, ya que define la discusión sobre el gasto público y la política fiscal. La crisis estalla en la antesala del debate del Presupuesto 2026, una de las leyes más sensibles para el oficialismo de La Libertad Avanza.
Impacto electoral y tensiones en el oficialismo
El caso golpea directamente a la campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Espert, cabeza de lista y figura mediática de la coalición, suspendió en los últimos días su participación en algunos actos, lo que dejó expuesta la interna oficialista.
En sectores del PRO se muestran escépticos ante la idea de sostener una campaña “sin candidatos visibles”, ya que la boleta lleva el rostro de Espert. Mientras tanto, en la Casa Rosada crece la preocupación: las encuestas muestran un retroceso de entre 8 y 11 puntos frente al peronismo, en un contexto marcado por la violencia narco y el malestar económico.
Más allá del impacto personal sobre el economista liberal, el caso reabre un debate de fondo: la debilidad de los controles sobre el financiamiento de campañas en Argentina y la facilidad con la que capitales ilícitos pueden penetrar en la política.
La eventual presentación judicial anunciada por Juan Grabois podría dar un nuevo giro a la causa y comprometer aún más la situación de Espert, que por ahora resiste en su cargo pero enfrenta crecientes pedidos de remoción.