Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el gobierno de Javier Milei en medio de la creciente tensión social por la crisis laboral. Durante una actividad en la Universidad del Salvador (USAL) en Pilar, la vicepresidenta fue interpelada por la hija de un empleado despedido de la planta de porcelanatos ILVA, que recientemente cerró sus puertas dejando a 300 trabajadores sin empleo.
Ante el reclamo, Villarruel señaló que la responsabilidad recaía en el Poder Ejecutivo: “Las explicaciones las tiene que dar el Ejecutivo, que toma las decisiones. Yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente”, afirmó, mostrando incomodidad y dejando en claro que no se siente parte de la toma de decisiones del gobierno.
La planta de ILVA se suma a otras industrias afectadas por la caída de la actividad económica y las políticas de apertura implementadas por el oficialismo. Días antes, Villarruel había visitado la empresa de neumáticos Fate, también en Pilar, afectada por el ingreso masivo de productos importados, donde expresó su “apoyo a la industria nacional”, en un gesto interpretado como crítica al rumbo económico del Presidente.
Durante su paso por el campus de la USAL, donde disertó sobre “La política como servicio al bien común desde la vivencia personal”, la vicepresidenta reafirmó los límites de su rol: “Escucho los reclamos de los trabajadores, pero mi función es legislativa, entonces tampoco puedo decidir sobre eso porque no depende de mí”, sostuvo frente a los presentes.
El episodio reflejó nuevamente las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza, donde Villarruel parece enfocada en construir una figura propia, diferenciada de las decisiones más controvertidas del Ejecutivo. Además, la vicepresidenta expresó su malestar por haber sido filmada durante la recorrida, señalando el desgaste político que enfrenta en medio de la crisis social y laboral.