
La diputada bonaerense Soledad Alonso advirtió que la eliminación de la movilidad automática de las asignaciones familiares y universales, contemplada en el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei, “representa un retroceso en materia de seguridad social” y afectará a millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país.
En la Cámara de Diputados bonaerense, Alonso ingresó el proyecto de declaración D-2555, en el que señala que la medida “profundiza la desigualdad, la exclusión y la pobreza en la Argentina”.
El artículo 73 del proyecto de Presupuesto propone derogar los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160, que garantizan la movilidad automática de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). De aprobarse, prestaciones como la Asignación por Embarazo, Maternidad, Prenatal, Nacimiento, Adopción, Ayuda Escolar Anual y la Asignación Familiar por Matrimonio y Cónyuge dejarían de actualizarse de manera automática y quedarían sujetas a incrementos discrecionales del Poder Ejecutivo.
Según datos de la Seguridad Social, en mayo de 2025 la AUH alcanzaba a 4,1 millones de titulares y las Asignaciones Familiares por hijo e hijo con discapacidad llegaban a 4,5 millones. “El presidente dijo que lo peor ya pasó, pero la realidad es otra. Si se aprueba el presupuesto tal como está, esto quedará supeditado a la discrecionalidad del gobierno nacional, que no tiene problema con que el ajuste lo paguen los sectores más vulnerables”, señaló Alonso.
Ajuste sobre niñez y juventud
La diputada también advirtió que la medida se enmarca en un escenario de fuerte recorte sobre las políticas destinadas a niñez y juventud. Informes de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indican que los 38 programas vinculados a este sector sufrieron una reducción del 17% en la primera mitad de 2025 en comparación con el mismo período de 2023, y del 36% respecto de 2022. Para este año, la disminución se estima en un 20% respecto a 2023.
Los programas más afectados son el Plan ENIA, destinado a prevenir el embarazo adolescente; la Educación Sexual Integral (ESI); y las Becas Progresar, que pierden financiamiento clave para su continuidad.
“Mientras el gobierno insiste en que el ‘equilibrio fiscal no se negocia’, son los trabajadores, jubilados y familias con hijos quienes terminan pagando el ajuste. Esto también se pone en juego en las elecciones de octubre: necesitamos más representantes en el Congreso que defiendan los derechos conquistados”, concluyó Alonso.