Crece el repudio al Gobierno por la falta de implementación de la emergencia en discapacidad

Las legisladoras de la UCR + Cambio Federal, Lorena Mandagarán y Belén Malaisi, repudiaron la decisión del Gobierno nacional de frenar la puesta en marcha de la ley de emergencia en discapacidad, aprobada recientemente por el Congreso.

La semana pasada, mediante el DNU 685/2025, firmado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones, la administración de Javier Milei promulgó la norma, pero estableció que su aplicación quedará supeditada a que el Parlamento defina las partidas presupuestarias necesarias.

“Evidentemente al Gobierno nacional y al presidente no le interesan. Es preocupante porque además utiliza un decreto para dejar en suspenso una ley, con un sesgo de inconstitucionalidad sobre el que hay que trabajar”, expresó Mandagarán,  presidenta de la comisión de Igualdad Real de Trato, Oportunidades y Discapacidad.

Y agregó: “Es muy peligroso porque no solo desoye la voz del pueblo, sino que desconoce el rol fundamental del Parlamento que se expresó en contra del veto”.

En paralelo, diputados nacionales de Encuentro Federal presentaron un proyecto para interpelar a Francos y avanzar en una eventual moción de censura que, con mayoría absoluta en ambas cámaras, podría derivar en su remoción.

Para Mandagarán, “el proceder de los legisladores nacionales fue el correcto”, aunque remarcó la necesidad de “seguir acompañando la lucha de las personas con discapacidad y sus familias, que se sienten en estado de abandono absoluto”.

Por su parte, Malaisi presentó un proyecto de repudio en la Legislatura bonaerense. “El Presidente viola en forma flagrante el sistema constitucional argentino. No tenemos un presupuesto vigente y no se puede legitimar en democracia una actitud que desconoce el rol del Parlamento”, denunció.

La legisladora advirtió además que el Ejecutivo no tiene facultades para suspender la aplicación de normas aprobadas por el Congreso: “Pocas veces se vio un desapego tan fuerte a nuestro sistema constitucional. Naturalizar estas decisiones pondría en riesgo el sistema republicano”.

De esta manera, ambas referentes radicales sumaron su voz al rechazo generalizado que generó la decisión del Gobierno nacional de condicionar la vigencia de la ley de emergencia en discapacidad, una norma que había sido aprobada con amplio consenso legislativo.