miércoles 17 de septiembre de 2025
- Edición Nº2478

País

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Milei y Francos, denunciados en Comodoro Py por incumplir la Ley de Discapacidad

15:54 |Tras diez días hábiles sin publicación en el Boletín Oficial, legisladores presentarán una denuncia penal contra el Ejecutivo. La falta de reglamentación impide la actualización de aranceles para terapias y prestaciones.



El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, enfrentarán en las próximas horas una denuncia penal en los tribunales de Comodoro Py por la demora en la promulgación y reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.739). La presentación fue realizada por los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, quienes acusan al Ejecutivo de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La norma había sido aprobada en el Congreso y luego vetada por Milei, pero tanto Diputados como Senadores revirtieron el veto y la sanción quedó firme. En ese escenario, el Ejecutivo está obligado a publicarla en el Boletín Oficial, promulgarla y garantizar su aplicación, algo que hasta el momento no ocurrió.

El Senado notificó formalmente al Poder Ejecutivo sobre la insistencia legislativa el pasado 4 de septiembre. Desde entonces, pasaron más de diez días hábiles, plazo máximo previsto para que la ley entre en vigencia. Sin embargo, especialistas advierten que, tratándose de un caso de insistencia tras un veto, la promulgación debería haber sido inmediata.

Intimación previa

El viernes pasado, Paulón ya había enviado una carta documento al Gobierno intimando a implementar la ley en un plazo “perentorio e improrrogable de 24 horas”, bajo apercibimiento de denunciar penalmente a los responsables. Al no recibir respuesta ni ver publicada la norma, junto con Fein decidieron avanzar en la denuncia.

Prestaciones en riesgo

Mientras tanto, la falta de promulgación y reglamentación impide la actualización automática de los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad, que incluye terapias, transporte, talleres, centros educativos y de rehabilitación.

Para que esa actualización se concrete, Francos debe autorizar una ampliación presupuestaria para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Recién con esos fondos, el organismo podrá ajustar el nomenclador tomando como base los valores de diciembre de 2023 y actualizándolos según la inflación acumulada hasta la fecha. Se estima que los incrementos deberían ubicarse entre el 50% y el 70%, dependiendo del tipo de prestación.

Aunque el interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, aseguró la semana pasada a prestadores del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDI) que se estaba trabajando en la reglamentación, la ley aún no apareció en el Boletín Oficial.

Si bien la denuncia inicial contra Milei y Francos será por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, los legisladores no descartan ampliar la imputación e incluir la figura de abandono de persona, dado el impacto directo que tiene la demora en la atención de personas con discapacidad

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