Ya nadie es Vicentin: del “Todos somos” al espejo de una estafa monumental

Cinco años después de que estallara el escándalo, el caso Vicentin vuelve a poner sobre la mesa un tema central de la política argentina: el vínculo estrecho entre poder económico y poder político. El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria a 26 ex directivos del Banco Nación y del Grupo Vicentin por una maniobra que, según la Justicia, le costó al Estado al menos 260 millones de dólares. La foto es elocuente: los otrora “campeones nacionales” que exhibía el macrismo, hoy aparecen como protagonistas de uno de los fraudes más resonantes de la última década.

La lista de imputados no es menor. Entre ellos figuran el expresidente del Banco Nación Javier González Fraga, su vice Lucas Llach, directores y gerentes de la entidad, además de los principales accionistas de la cerealera: Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin, y Máximo Padoan. Todos quedaron con prohibición de salida del país e inhibición general de bienes.

El expediente, instruido por el fiscal Gerardo Pollicita, detalla con precisión quirúrgica cómo se liberaron garantías, se omitió ejecutar deudas exigibles y se otorgaron nuevos préstamos en plena cuenta regresiva del gobierno de Mauricio Macri. Entre agosto y diciembre de 2019, cuando Vicentin ya acumulaba más de 150 millones de dólares impagos, el Banco Nación autorizó desembolsos por otros 105,5 millones. Parte de esos fondos, según la investigación, terminaron desviados al exterior mediante operaciones ficticias que derivaron en paraísos fiscales.

El fiscal fue categórico: “Lejos de proteger el patrimonio, los funcionarios del Banco Nación se apartaron de la conducta debida con el claro y evidente fin de beneficiar al particular, en perjuicio del Estado nacional”. La maniobra, además de inflar la deuda, puso en riesgo la estabilidad de la principal entidad financiera pública, ya que Vicentin concentraba más del 20% de su línea crediticia.

Del “Todos somos Vicentin” al silencio incómodo

El recuerdo de la consigna “Todos somos Vicentin” resuena hoy como una ironía amarga. En aquel 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández barajó la posibilidad de intervenir la firma, amplios sectores del arco político y mediático se encolumnaron detrás de la cerealera en nombre de la “defensa de la propiedad privada”. Esa movilización, que incluyó a dirigentes de Pro y referentes de Juntos por el Cambio, instaló a Vicentin como un símbolo de resistencia contra el kirchnerismo.

Cinco años después, la Justicia describe otra historia: la de un conglomerado que, con complicidad estatal, vació sus cuentas, simuló facturación y fugó capitales mientras se financiaba con la caja del Banco Nación. El contraste es brutal: ya nadie es Vicentin, porque el relato épico se derrumbó frente a la evidencia de la estafa.

La política y el espejo del caso

El caso tiene ribetes que exceden lo judicial. Expone cómo un banco público se convirtió en engranaje de un mecanismo de privilegio para una empresa privada con fuerte peso en el financiamiento de Pro entre 2015 y 2019. La pregunta que late detrás es si las reglas del capitalismo argentino no están hechas, una vez más, para que las ganancias se privaticen y las pérdidas se socialicen.

Mientras los ex directivos del Nación y los accionistas del grupo se preparan para desfilar ante Ercolini entre octubre y diciembre, la causa promete convertirse en un emblema de época: un espejo donde mirar la connivencia entre elites políticas y empresariales.