
A pesar de haber obtenido un contundente triunfo electoral en Bahía Blanca, el gobierno nacional de Javier Milei decidió reducir a la mitad los fondos de emergencia destinados a la asistencia de los damnificados por el temporal que azotó a la ciudad en marzo pasado.
La medida quedó oficializada esta semana en el Boletín Oficial, donde se estableció que el Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, creado mediante el Decreto 238/25 con un monto de $200.000 millones, pasará ahora a ser de $100.000 millones.
El recorte fue confirmado en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, rubricado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La noticia generó malestar en la ciudad del sur bonaerense, ya que se conoció apenas días después de que La Libertad Avanza lograra el 46,41% de los votos en el distrito.
Un antecedente de tensiones
No es la primera vez que el Ejecutivo nacional adopta decisiones que impactan de lleno en los reclamos de Bahía Blanca. En junio, Milei había vetado una ley sancionada por unanimidad en el Congreso que creaba un fondo de $200.000 millones para la reconstrucción de la ciudad, destinado tanto a obras de infraestructura como a subsidios directos para las familias afectadas.
En ese momento, la Casa Rosada justificó el veto señalando que ya existía el decreto que destinaba recursos para la emergencia y que, en un contexto de “estrechez presupuestaria”, no resultaba necesario duplicar esfuerzos.
“Con las medidas adoptadas en ejecución de lo dispuesto por el Decreto N° 238/25 se ha llevado adelante una tarea de reconstrucción que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado”, explicaba el texto del veto presidencial.
El impacto del nuevo recorte
Ahora, con la reducción del mismo fondo en un 50%, las consecuencias alcanzan tanto a las familias que continúan esperando asistencia directa como a las obras de infraestructura necesarias para reparar los daños que dejó el temporal.
Organizaciones vecinales y referentes políticos locales advirtieron que los recursos que quedan resultan insuficientes para atender la magnitud de los perjuicios ocasionados por las inundaciones, lo que abre un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y una de las ciudades más golpeadas por el desastre climático de marzo.