
El Gobierno nacional dio a conocer, a través del Ministerio de Capital Humano, que presentará una denuncia judicial contra las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por la protesta que la institución realizó a través de su página oficial, en rechazo al veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, por considerar “incumplimiento de deberes de funcionario público” al impedir que los estudiantes accedieran al sitio institucional.
En un comunicado, la cartera que conduce Sandra Pettovello aseguró que la universidad “bloqueó el acceso al portal oficial www.uba.ar y lo reemplazó con un mensaje político partidario”. En el marco del paro convocado por decenas de gremios docentes y universitarios, la web de la UBA mostró un fondo negro con la inscripción “No al veto”, inhabilitando cualquier otra función del portal.
COMUNICADO OFICIAL. pic.twitter.com/Jm3ZyC1ztX
— Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 12, 2025
El Gobierno anunció que pedirá una investigación para identificar a los responsables de crear el subdominio “https://noalveto.uba.ar” y así determinar las responsabilidades administrativas y legales correspondientes. Además, exigió “el cese inmediato de la maniobra” y reafirmó su compromiso con “la transparencia institucional y la defensa de los derechos de los estudiantes”, aunque aclaró que respeta “el derecho a huelga dentro del marco de la ley”.
La tensión se da en un contexto de creciente conflicto en el sistema universitario público. Esta semana, las autoridades de la UBA anunciaron un “plan de restricción” tras el veto a la ley que garantizaba la actualización de los gastos de funcionamiento y los salarios de docentes y no docentes de acuerdo con la inflación. Entre las primeras medidas se encuentran recortes en el uso de energía, reducción de horarios de iluminación, baja de becas de investigación y limitaciones en el mantenimiento edilicio.
El rector Ricardo Gelpi, junto al presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Oscar Alpa, y el vicerrector Franco Bartolacci, alertaron en conferencia de prensa sobre la situación crítica que atraviesan las universidades nacionales: “Estamos funcionando, pero entrando en una situación crítica si no se aprueba esta ley”, señalaron.
La ley vetada por el Ejecutivo había sido aprobada por el Congreso el pasado 21 de agosto y establecía la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir del 1° de enero de 2025, tomando como referencia la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024. También contemplaba una actualización de salarios para docentes y no docentes acorde al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Frente al veto, gremios como CONADU, UDA, FEDUN y FAGDUT convocaron a una nueva Marcha Federal de la Educación para el día en que el Congreso discuta si acepta o rechaza la decisión de la Casa Rosada.