La Justicia le ordenó a Montenegro frenar las patrullas municipales a personas en situación de calle

La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Mar del Plata resolvió dejar firme la sentencia dictada por el juez de Garantías N° 4, Juan Tapia, que había declarado ilegales los operativos de la Patrulla Municipal contra personas en situación de calle y cuidacoches en el distrito de General Pueyrredón. De esta manera, el tribunal rechazó la apelación presentada por el intendente Guillermo Montenegro, hoy alineado con La Libertad Avanza.

El fallo remarca que la patrulla no podrá desplegar acciones que impliquen violencia física o verbal ni sustraer pertenencias o documentación personal de las personas afectadas. “Ello en resguardo del derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad y la dignidad del colectivo vulnerable”, sostiene la resolución judicial.

La Patrulla Municipal había sido creada en 2020 por iniciativa del Ejecutivo local y avalada por el Concejo Deliberante. En los últimos años, el cuerpo comenzó a ser difundido en las redes sociales del propio intendente, lo que coincidió con su acercamiento al espacio libertario. Sin embargo, las denuncias sobre prácticas violentas y abusivas derivaron en la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que presentó un recurso de habeas corpus con testimonios de las víctimas.

En uno de los relatos incorporados a la causa, Martín, una persona en situación de calle, aseguró: “Nos tiraron al piso y nos empezaron a decir que ya nos habían avisado que no podemos estar ahí. Me sacaron las zapatillas y el buzo, y me tuve que ir descalzo a buscar otro lugar”. Otro testimonio, de Hugo, describió: “Te levantan a palazos, te patean. A mi compañero le dejaron el tobillo como un globo. Nos sacaron todo”.

En su resolución, la Cámara señaló que lo ordenado en la sentencia no impide el accionar de la Patrulla Municipal, pero subrayó que sus tareas deben realizarse dentro del marco jurídico y con pleno respeto de las garantías constitucionales. “No debiera ser fácilmente desobedecida la orden de omitir todo tipo de operativo que implique violencia física o verbal, como así también la sustracción de documentos u objetos personales, dado que son obligaciones inherentes a todo funcionario público”, remarcaron los jueces.

La decisión constituye un nuevo revés judicial para Montenegro y obliga a su gestión a replantear el funcionamiento del cuerpo municipal, que desde ahora no podrá continuar con los operativos en los términos cuestionados por la Justicia.