Makintach imputada: cohecho, abuso de autoridad y malversación por documental

La magistrada Julieta Makintach fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, en el marco de la investigación por la realización de un documental que derivó en la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

La causa, llevada adelante por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo en San Isidro, cuenta con un escrito de 42 páginas en el que se detallan “graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”. Según los fiscales, existen elementos suficientes para endilgarle los delitos mencionados.

Entre los puntos más destacados, los investigadores sostienen que Makintach aceptó la propuesta comercial de María Lía Vidal Alemán “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos”. Además, ambas coordinaron para que Juan Manuel D’Emilio se encargara de la producción del proyecto, mientras que la jueza debía intervenir en los aspectos esenciales dentro del Tribunal.

El escrito fiscal indica que Makintach se comprometió a “habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo” en la producción del documental, que iba a titularse Justicia Divina.

La imputación se basó en el análisis de las cámaras de seguridad y diversas declaraciones, que permitieron establecer la responsabilidad de la magistrada en la producción audiovisual. Ante esto, los fiscales solicitaron que se lleve adelante un juicio político en su contra y su desafuero, a fin de avanzar con la indagatoria.

Este caso añade un capítulo más a la compleja trama judicial que rodea la investigación por la muerte del ídolo futbolístico, y plantea interrogantes sobre la utilización de recursos públicos en proyectos privados vinculados a magistrados.