
La problemática de los basurales a cielo abierto en la provincia de Buenos Aires volvió a instalarse en la agenda legislativa. La diputada bonaerense de Unión y Libertad, Constanza Moragues Santos, presentó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo de Axel Kicillof para conocer en detalle la situación actual de estos predios que, según especialistas, representan un grave riesgo sanitario y ambiental.
El proyecto ingresado en la Cámara de Diputados solicita datos concretos sobre el número total de basurales, su georreferencia y los resultados de las inspecciones realizadas. También demanda información sobre los posibles daños en acuíferos, la erosión del suelo y el tipo de residuos depositados en cada sitio.
De acuerdo con registros oficiales, en la provincia existen entre 70 y 80 basurales a cielo abierto, aunque especialistas advierten que la cifra real sería muy superior. La mayoría se encuentra en zonas urbanas o periurbanas con alta densidad poblacional, lo que provoca contaminación del aire, el suelo y el agua, además de enfermedades y condiciones de vida críticas para los vecinos que habitan cerca o dependen del trabajo informal de recolección.
Moragues Santos puso el foco en el rol del Ministerio de Ambiente bonaerense, conducido por Daniela Vilar, y en la coordinación con los municipios para avanzar en el cierre definitivo de los basurales, tal como lo establece la Ley N° 13.592 sobre gestión de residuos sólidos urbanos. En esa línea, pidió al Ejecutivo detallar qué asistencia técnica, legal y financiera se brinda a los distritos, cuál es el presupuesto asignado y si se aplicaron sanciones frente a los incumplimientos detectados.
La diputada de la Tercera sección también reclamó información sobre medidas preventivas frente a incendios, programas de concientización ambiental para reducir la generación de residuos y estudios sobre los efectos a largo plazo en la salud de las poblaciones aledañas.
En los fundamentos del proyecto, Moragues Santos advirtió que en esos predios se arrojan residuos y restos de poda que se acumulan en montañas sin tratamiento alguno y, en muchos casos, terminan incinerados. La dispersión de plásticos, la quema de basura y la proliferación de roedores, alertó, generan “graves perjuicios a los vecinos” y agravan la contaminación de aire, suelo y napas.
La legisladora recordó que el artículo 28 de la Constitución provincial garantiza a los bonaerenses el derecho a un ambiente sano. “Abundan normativas provinciales y constitucionales que protegen el medio ambiente, lo que no existe son controles por parte del Estado que permitan el efectivo cumplimiento de las mismas”, señaló.