Exigen freno nacional a la suspensión de pensiones por discapacidad

La Defensoría del Pueblo bonaerense y la Asociación Civil Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) reclamaron al gobierno nacional que detenga la suspensión de pensiones no contributivas a beneficiarios de todo el país. El pedido cuestiona el proceso de auditoría que derivó en la interrupción de miles de asistencias esenciales, dejando a personas con discapacidad en un estado de vulnerabilidad crítica.

El planteo fue dirigido a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS),  con el objetivo de ampliar la medida cautelar dictada por la Justicia a favor de beneficiarios de Formosa, para que tenga alcance federal. Cabe recordar que otras provincias también se encuentran en etapa de presentación de estos pedidos. 

El defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, advirtió que la restricción de la medida a una sola provincia constituye un acto discriminatorio: “Limitar la medida cautelar a la provincia de Formosa genera un régimen de desigualdad territorial inadmisible, donde personas en idéntica situación reciben un trato diferente según su domicilio, lo que va incluso en contra del derecho constitucional de igualdad ante la ley”, sostuvo.

El organismo ya había reclamado semanas atrás la restitución de las pensiones suspendidas en la Provincia de Buenos Aires, tras detectar que los recortes se realizaron sin un procedimiento válido, sin notificación fehaciente, con exigencias burocráticas desproporcionadas y sin aplicar ajustes razonables que contemplen la situación particular de las personas con discapacidad.

Por su parte, REDI se sumó al pedido de alcance nacional al remarcar que las pensiones no contributivas constituyen, en la mayoría de los casos, el único ingreso económico para las familias. La suspensión de estas prestaciones —advirtieron— no solo vulnera derechos básicos reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que también profundiza la exclusión y el riesgo de pobreza extrema en este sector de la población.

La Defensoría bonaerense y REDI insistieron en que el Estado debe garantizar la continuidad de estas pensiones hasta tanto finalicen los procesos de auditoría con mecanismos claros, transparentes y respetuosos de los derechos humanos. La presión sobre el gobierno nacional se intensifica. Mientras las organizaciones denuncian la falta de diálogo y la implementación arbitraria de las auditorías, los defensores del Pueblo reclaman la intervención urgente de la Justicia para que la cautelar se aplique en todo el territorio.