Veda electoral 2.0: buscan controlar las redes en la previa de los comicios

En la previa de los comicios bonaerenses, el senador provincial del PRO, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto de ley que busca trasladar la veda electoral al terreno digital. La iniciativa apunta a regular el uso de redes sociales y plataformas digitales durante las 48 horas previas a la votación y hasta tres horas después del cierre de los comicios, con el objetivo de resguardar la transparencia y la integridad del proceso democrático.

El texto ingresado a la Legislatura bonaerense establece que, en ese lapso, quedará prohibida la difusión de contenidos falsos, manipulados o engañosos que puedan incidir en la decisión de los electores. La medida alcanzaría a partidos políticos, candidatos, agencias de comunicación, medios digitales, empresas y también a usuarios individuales que operen en el ecosistema virtual.

El proyecto contempla sanciones que van desde multas económicas hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos y restricciones en la contratación con el Estado provincial. Según Leguizamón, no se trata de limitar la libertad de expresión, sino de poner un freno a prácticas de manipulación digital como la difusión de encuestas fuera de término, el uso de algoritmos y bots, imágenes adulteradas o la circulación de deep fakes sin advertencias claras.

Un ente para controlar la veda digital

Para garantizar la aplicación de la norma, Leguizamón propone la creación del Ente Provincial de Comunicaciones Digitales (EPCD), un organismo descentralizado con autarquía técnica. Este tendría la tarea de monitorear redes y medios digitales durante la veda electoral, recibir denuncias de ciudadanos y partidos, y actuar de oficio para solicitar la baja de publicaciones que vulneren la ley.

El EPCD también debería elaborar informes públicos sobre el desarrollo de la veda digital y coordinar acciones con organismos nacionales e internacionales para detectar maniobras de desinformación. Entre los mecanismos de control se prevé la creación de un registro público de sanciones y la posibilidad de recurrir a instancias judiciales frente a decisiones del ente.

El desafío de las redes en democracia

En los fundamentos de la iniciativa, Leguizamón advierte que la irrupción de la inteligencia artificial y el avance de las tecnologías digitales introdujeron nuevos riesgos para la democracia. “No se trata de censurar, sino de proteger el debate democrático de la distorsión y la mentira”, sostiene el senador, quien remarca que las fake news y campañas de desinformación ya demostraron su capacidad de influir en procesos electorales en otros países.