
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, criticó duramente la decisión judicial que prohíbe difundir audios atribuidos a Karina Milei y los allanamientos impulsados por el Gobierno nacional contra medios de comunicación. En sus declaraciones, denunció una escalada de “proscripciones políticas, detenciones arbitrarias y censura previa”, y alertó sobre el estado de la democracia argentina.
“Si no fuese tan real sería hasta un poco cómico: en el país de la libertad la principal líder de la oposición está presa y el Gobierno exige allanamientos y censura previa a periodistas. Es lamentable, es preocupante. Tipos que enarbolan la palabra libertad con una liviandad pocas veces vista tiran la libertad de expresión por la ventana”, sostuvo Mena en diálogo con AM 530, en referencia al fallo del juez Alejandro Patricio Maraniello que en menos de seis horas dictó la cautelar que impide la difusión de los audios.
El funcionario bonaerense cuestionó la rapidez del fallo y lo comparó con la lentitud de otras causas que involucran derechos básicos de la ciudadanía. “Ningún juez creyó que había que salir a proteger los derechos de los argentinos, y sin embargo para censurar un audio que no sabemos ni de qué se trataba, avanzaron en horas. Es vergonzoso”, afirmó.
Mena agregó que esta situación se inscribe en un deterioro progresivo de las instituciones democráticas: “Hace unos años hablaba de democracia de baja intensidad. Hoy queda corto: si tenemos a la líder de la principal oposición detenida y se lleva puesta la libertad de expresión, hablar en términos democráticos está quedando lejos. Mientras siga sin resolverse la cooptación del Poder Judicial, todos los argentinos vamos a estar en libertad condicional”.
La reacción de Mena se suma a las críticas que ya había expresado el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). A través de un comunicado, la entidad rechazó la cautelar y denunció que se trata de un acto de censura previa, incompatible con la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. También advirtió sobre la gravedad institucional de los allanamientos solicitados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a medios como el canal de streaming Carnaval.
En paralelo, el Senado de la Nación convocó a una conferencia de prensa para este martes a fin de repudiar la denuncia del Gobierno contra periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico. Los legisladores calificaron los hechos como “de extrema gravedad nunca antes experimentados en democracia” y remarcaron que el Congreso tiene la obligación de tutelar el derecho a la libertad de expresión.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados, la comisión de Libertad de Expresión permanece inactiva. El diputado santafesino Esteban Paulón pidió la remoción de su presidenta, la libertaria Emilia Orozco, a quien acusó de mantener paralizado el espacio y usarlo con fines partidarios. “No solo están los insultos del presidente y su tropilla a quien piensa distinto, también se avanza en causas judiciales y se busca intimidar, infundir miedo y desfinanciar voces críticas”, denunció.
Paulón advirtió que en momentos de alta tensión institucional la comisión debería estar “más activa que nunca”, pero que en cambio “se utiliza como plataforma para legitimar voces afines a La Libertad Avanza”.
La polémica por los audios de Karina Milei, la censura judicial y la ofensiva contra periodistas abre así un nuevo frente de debate sobre los límites de la libertad de expresión y el rol de las instituciones en la Argentina democrática a 40 años de su recuperación.