martes 02 de septiembre de 2025
- Edición Nº2463

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Buscan sancionar las granjas de trolls en la Provincia: “Son una amenaza creciente”

09:17 |La iniciativa de la diputada radical, Alejandra Lorden, pretende frenar la manipulación digital, la desinformación y las prácticas que alteran el debate público, especialmente en contextos electorales.



La diputada bonaerense de la UCR, Alejandra Lordén, presentó un proyecto de ley para prohibir y sancionar el funcionamiento de las denominadas “granjas de trolls” en la provincia de Buenos Aires, cuando su uso sea ilegítimo. La iniciativa busca frenar la manipulación digital, la desinformación y las prácticas que alteran el debate público, especialmente en contextos electorales.

Según el texto, se considera “bot” a todo sistema automatizado que simula comportamiento humano en redes sociales para amplificar contenidos o influir en la opinión pública. El proyecto apunta a penalizar el uso coordinado de estas cuentas para difundir noticias falsas, alterar métricas digitales o simular apoyos sociales, políticos o comerciales.

Además, la propuesta contempla sanciones para quienes violen la privacidad de terceros, suplanten identidades o intenten interferir en procesos democráticos. Las multas no tendrán tope máximo y partirán desde 50 Unidades Fijas (UF) para personas físicas y 500 UF para personas jurídicas, dependiendo de la gravedad del hecho, la intencionalidad y la reincidencia.

Entre las penas accesorias, se prevé la inhabilitación por al menos cuatro años para funcionarios públicos involucrados, y la suspensión o cancelación de habilitaciones para empresas, incluyendo la prohibición de contratar con el Estado provincial.

Lo recaudado en concepto de sanciones será destinado a un fondo especial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, con el fin de impulsar políticas de alfabetización digital, fiscalización y prevención de estas prácticas.

Para Lordén, el fenómeno de las granjas de trolls representa “una amenaza creciente” que erosiona la confianza en las instituciones y pone en riesgo el normal desarrollo de los procesos electorales. Por eso, considera urgente avanzar con un marco legal que enfrente esta problemática con herramientas concretas.

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