
El Senado comunicó este jueves al Poder Ejecutivo la sanción de dos leyes claves que ponen en aprietos al oficialismo: la Ley de Emergencia Pediátrica (27.796), que garantiza el funcionamiento del Hospital Garrahan, y la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), destinada a recomponer el presupuesto de las universidades nacionales.
Ambas normas fueron impulsadas por la oposición y rechazadas por La Libertad Avanza bajo el argumento de que implican un fuerte costo fiscal. Desde ahora, el presidente Javier Milei tiene 10 días hábiles para decidir si las promulga o las veta, plazo que vence el próximo 11 de septiembre.
El antecedente inmediato no deja lugar a dudas: el año pasado Milei ya había vetado una norma similar sobre financiamiento universitario, y en las últimas semanas repitió la misma estrategia frente a leyes vinculadas a jubilaciones y discapacidad.
La situación se enmarca en una serie de derrotas parlamentarias para el oficialismo, que acumula reveses legislativos y enfrenta el agravamiento del clima político por los escándalos de presunta corrupción que salpican al Gobierno.
La Ley de Emergencia Pediátrica obtuvo respaldo de dos tercios en ambas cámaras, lo que permitiría a la oposición insistir con su promulgación si el Ejecutivo la veta:
En Diputados fue aprobada el 6 de agosto con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones.
En el Senado, el 22 de agosto, recibió 62 votos afirmativos y 8 negativos.
En cambio, la Ley de Financiamiento Universitario no logró los dos tercios en Diputados —le faltó apenas un voto— aunque sí alcanzó esa mayoría en el Senado:
En la Cámara baja consiguió 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones.
En la Cámara alta fue sancionada con 58 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
De confirmarse el veto, el trámite deberá comenzar en Diputados, cámara de origen de ambas normas. Allí la oposición deberá reunir las mayorías necesarias para ratificarlas, un desafío complejo en medio de la campaña electoral.
El futuro de estas leyes se suma al de otras ya rechazadas por el Ejecutivo, como la de moratoria previsional o la de emergencia en Bahía Blanca, y a la pulseada en torno a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que el Senado buscará ratificar en los próximos días tras haber sido votada por unanimidad.