
El cruce entre el farmacéutico y candidato a diputado nacional, Marcelo Peretta, y el periodista Eduardo Feinmann, volvió a situarse en el centro de la atención pública esta semana. A través de su cuenta en X, Peretta lanzó una pregunta directa y provocadora: “Feinmann, ¿cuál es el municipio que te lleva todos los meses $150.000 en sobre marrón?”.
Hola @edufeiok , ¿cuál es el municipio que te lleva todos los meses $150.000 en sobre marrón?
— Marcelo Peretta (@MarceloPeretta) August 26, 2025
Si vos no lo decís yo iré dando los datos que confirman tus prácticas periodisticas.
Pista: son islas.
Tus fieles oyentes y televidentes esperan tu respuesta. pic.twitter.com/AxXDIzgDLP
El mensaje del candidato no se limitó a una interrogante; incluyó además advertencias sobre la intención de revelar detalles si el comunicador no respondía. La publicación reabrió el debate sobre la existencia de vínculos no declarados entre ciertos sectores políticos y algunos profesionales de medios de comunicación.
El episodio también recordó una acusación previa del periodista Jonatan Viale, quien en su momento insinuó que Feinmann habría recibido “sobres millonarios” de un candidato político, reavivando el debate sobre la independencia editorial y la financiación no declarada de voces con influencia mediática.
Para Peretta, la iniciativa busca visibilizar lo que considera “vínculos espurios entre medios y política”. Sin embargo, especialistas y analistas recuerdan que las imputaciones de este tipo requieren pruebas concretas antes de convertirse en denuncias formales. Hasta el momento, no se ha presentado documentación pública que respalde la existencia de pagos regulares desde municipios hacia periodistas, ni ha habido respuesta oficial del periodista cuestionado.
La repercusión pública también se midió a través de una encuesta realizada por el medio NOVA, destinada a conocer la percepción ciudadana sobre los llamados “periodistas ensobrados”. Según el material difundido, los resultados reflejan un creciente descrédito hacia algunos sectores del periodismo tradicional y un reclamo social por mayor transparencia y ética en los medios.
El episodio plantea varias preguntas centrales: ¿existen realmente pagos no declarados a ciertos comunicadores? ¿Qué responsabilidad tienen los medios y los periodistas de informar sobre su financiación? Y, fundamentalmente, ¿cómo se maneja el derecho de réplica ante este tipo de situaciones?
Mientras la polémica sigue abierta se sostiene el debate que trasciende un cruce personal y se inscribe en la discusión más amplia sobre la relación entre política y medios de comunicación.