
El senador bonaerense del PRO, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial para que el gobierno de Axel Kicillof y la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) respondan sobre la calidad del agua potable, tras conocerse la presencia de arsénico en concentraciones superiores a lo permitido en distintas localidades.
El reclamo surge a partir de un informe elaborado por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), que reveló que gran parte del país presenta valores de arsénico por encima de los límites establecidos, siendo la provincia de Buenos Aires una de las zonas más comprometidas. Entre los municipios señalados figuran Escobar, General Rodríguez, Marcos Paz, San Vicente, Brandsen, Cañuelas, Lobos, Navarro, Chivilcoy, Pergamino, Junín, 9 de Julio, General Villegas, Tres Arroyos, Balcarce, San Antonio de Areco y localidades de la costa bonaerense como Mar de Ajó y Punta Médanos, entre otras.
Desde el Concejo Profesional de Química bonaerense también se encendieron las alarmas. Su titular, Carlos Colángelo, calificó la situación como “inconcebible” y cuestionó la falta de tratamientos adecuados para garantizar la potabilidad del agua de red.
En ese marco, Leguizamón reclamó que el Ejecutivo provincial detalle los análisis físico-químicos y microbiológicos realizados en los últimos dos años, particularmente en La Plata, Berisso y Ensenada, así como en el resto de las localidades bajo concesión de ABSA. El legislador quiere saber si los valores de arsénico se encuentran dentro de lo estipulado por el Código Alimentario Argentino y los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, el senador opositor exigió información sobre los planes de obras, inversiones y tecnologías de filtrado destinadas a reducir la contaminación y normalizar los estándares de calidad del agua.
“Es fundamental que la población tenga acceso a datos claros, verificables y que se informe de manera transparente qué medidas se tomarán para revertir este problema”, sostuvo Leguizamón, quien advirtió que el Senado tiene la responsabilidad de controlar y exigir respuestas en este tipo de situaciones.