PAMI: la otra caja millonaria en el ojo de la tormenta

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se transformó en el nuevo epicentro de un escándalo de alcance nacional. Intendentes, legisladores y exfuncionarios denuncian un esquema de desfinanciamiento de hospitales públicos, reasignación discrecional de cápitas a clínicas privadas y contrataciones directas a la droguería Suizo Argentina, ya señalada en la causa por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Municipios en rojo y jubilados perjudicados

La polémica comenzó en la Costa Atlántica bonaerense, donde intendentes advirtieron que la derivación de miles de afiliados a prestadores privados dejó a los hospitales municipales sin recursos. En Villa Gesell, el secretario de Salud, Jorge Villalba, aseguró que el hospital pierde 12 millones de pesos por mes porque 1.000 jubilados fueron trasladados a clínicas alejadas más de 100 kilómetros.

En General Madariaga, el intendente Esteban Santoro fue más allá y presentó una denuncia penal por asociación ilícita, cohecho y fraude a la administración pública. Según el escrito, el hospital local perdió 3.000 cápitas en favor del Instituto Médico Madariaguense, que hoy recibe más de 80 millones de pesos mensuales por servicios que, en muchos casos, no presta.

La misma situación se repite en Necochea, Pinamar y el Partido de La Costa. En todos los casos, los hospitales municipales pierden financiamiento, mientras PAMI paga traslados a jubilados hacia clínicas designadas, aun cuando existen efectores públicos en cada distrito.

Una red que se expande a las provincias

El esquema no se limita a Buenos Aires. En Jujuy, afiliados fueron derivados a una clínica vinculada a un diputado libertario. En Chaco, la Justicia Federal investiga pedidos de coimas a funcionarios de PAMI y ANSES. En Santa Cruz, el actual candidato de La Libertad Avanza (LLA) y exinterventor del organismo, Jairo Guzmán, fue denunciado por extorsión y aportes compulsivos a profesionales.

Incluso, una exfuncionaria del PAMI platense y hoy diputada suplente de LLA, Viviana Aguirre, reveló públicamente que dirigentes del oficialismo pedían hasta un millón de pesos en efectivo para acceder a cargos en la obra social.

Stolbizer lleva el caso al Congreso

Ante el cúmulo de denuncias, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) presentó un proyecto de resolución para citar al titular del PAMI a la Comisión de Salud de la Cámara Baja. La legisladora advirtió sobre un “modus operandi de mala gestión y conductas criminales” que afecta tanto a los recursos públicos como a la atención de los jubilados.

El capítulo más delicado involucra a la droguería Suizo Argentina, cuyo nombre ya aparece en los audios de corrupción que detonaron en la ANDIS. Solo en los últimos 20 meses, PAMI le otorgó 28 contratos por más de 100.000 millones de pesos, muchos de ellos por “compulsa abreviada”, un mecanismo acelerado que se justifica bajo el argumento de la urgencia.

Entre las compras figuran medicamentos de altísimo costo, insumos hospitalarios y provisión de elementos descartables. La última contratación, por 45 millones de pesos, fue informada el 22 de agosto, apenas días después de la filtración de los audios que involucraron a Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y hombre cercano a Javier Milei.

El caso PAMI se suma al escándalo de la ANDIS y expone un patrón: organismos sociales convertidos en fuentes de financiamiento paralelo, donde la combinación de contratos millonarios, derivaciones discrecionales y designaciones partidarias dejan en el medio a los más vulnerables. Mientras el Gobierno busca contener el impacto político, jubilados de todo el país sufren la contracara: prestaciones recortadas, medicamentos que no llegan y traslados forzados a cientos de kilómetros de sus hogares.