Francos: “Las denuncias de corrupción son una operación preelectoral”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró  que el Gobierno nacional se encuentra “internamente tranquilo” frente a las denuncias por presuntos hechos de corrupción que involucran a funcionarios libertarios. Según el funcionario, se trata de maniobras vinculadas al actual “período preelectoral”, en el que “todo el mundo está tratando de sacar partido” en contra de la gestión de Javier Milei.

“Todo lo que tomó estado público y generó esta acción política tiene mucho que ver con el periodo preelectoral. Todo el mundo está tratando de sacar partido en contra de un gobierno que cuenta con un apoyo popular importante”, señaló en declaraciones radiales.

Francos hizo referencia a las grabaciones que trascendieron esta semana, en las que se denuncian supuestas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios. En este sentido, sostuvo que “no es muy difícil atar una cosa con la otra y pensar que esto es algo armado”, al tiempo que pidió que sea la justicia la que determine responsabilidades.

“No le tenemos temor a la justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay. Y si los hubiera, el responsable tendría que estar preso, procesado y sentenciado”, afirmó.

El funcionario además vinculó el momento en que estalló el escándalo con el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de emergencia en discapacidad, que el oficialismo había cuestionado: “Aparece el escándalo de estas grabaciones en un momento en que se está debatiendo en Diputados el proyecto de emergencia en discapacidad, que el Gobierno había objetado”.

Francos también salió en defensa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien consideró blanco de ataques “salvajes e injustos”. En ese marco, señaló que el Gobierno prefiere “no entrometerse y esperar que la justicia investigue” para que el caso se aclare.

Consultado sobre el silencio del presidente Javier Milei respecto del escándalo, el jefe de Gabinete sostuvo que la postura del Ejecutivo es “esperar que actúe la justicia” y no contribuir a la politización del tema.