
La causa judicial que se abrió a partir de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sigue sumando capítulos resonantes. Durante un operativo realizado en Nordelta, agentes de la Policía de la Ciudad encontraron sobres con una considerable cantidad de dólares en el vehículo de Emmanuel Kovalivker, uno de los socios de la Droguería Suizo Argentina, empresa señalada en la trama de retornos y coimas.
Según publica el sitio Data Clave, Kovalivker habría intentado abandonar su domicilio al momento en que se desplegaba el procedimiento judicial, lo que incrementó las sospechas. Además del dinero, fueron secuestradas anotaciones y su teléfono celular. El empresario posee una participación accionaria menor en la compañía, pero su nombre aparece mencionado en varias oportunidades dentro de la investigación.
El expediente, que se instruye bajo la órbita del fiscal federal Franco Picardi, apunta a desentrañar un esquema de pagos irregulares por contrataciones de medicamentos, en el que Spagnuolo describía un circuito de retornos que, según sus dichos, alcanzaba a Karina Milei y a Martín “Lule” Menem. El mecanismo habría garantizado un 8% de recaudación ilícita sobre las operaciones, de los cuales el 3% se destinaba al entorno presidencial.
Además del allanamiento en Nordelta, hubo procedimientos en la sede de la ANDIS, en domicilios de otros directivos de la droguería y en las oficinas de la firma, que permanecen clausuradas desde hace días. En esos lugares se incautó documentación vinculada a las contrataciones estatales, material que podría resultar clave para el avance de la investigación.
Las revelaciones, que ya derivaron en la salida de Spagnuolo y del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, generan creciente preocupación en el Gobierno, que observa cómo el caso comienza a rozar el corazón político del oficialismo libertario.
En tanto diversos portales nacionales alertaron sobre la ausencia de Spagnuolo durante el procedimiento de la Justicia en sus domicilios para secuestrarle el celular.