El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA

El Gobierno puso en marcha el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Los pasos incluyen la contratación de un banco para tasar las acciones del Estado en la compañía y su posterior venta en mercados de capitales en un plazo de ocho meses.

La medida se implementó a través de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Caputo.

El texto instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas –a través de su Unidad Ejecutora Especial Temporaria– a llevar adelante el proceso. También ordena a la Secretaría de Obras Públicas preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.

Economía precisó que la agencia deberá contratar a un banco estatal para la valuación del paquete accionario de AySA, concretar la venta en el plazo de ocho meses y ejecutar todas las medidas necesarias para colocar en los mercados locales las acciones que aún queden en poder del Estado.

Semanas atrás, mediante el Decreto 494/2025 que autorizó la privatización, el Gobierno sostuvo que "la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional".

De esta manera, el Gobierno avanza con la privatización total de la firma considerando que "para mejorar la prestación del servicio de agua y saneamiento en el área concesionada a AySA se requiere un nivel de inversión en infraestructura que excede las posibilidades de generación de fondos de la referida empresa".

Respecto del 10% del capital restante, se aclaró que continuará en manos de los trabajadores de AySA, dentro del programa de propiedad participada que la compañía ya tiene vigente.

Tras el anuncio de la privatización, diputados de Unión por la Patria presentaron una iniciativa para rechazar los decretos 493/2025 y 494/2025, en los que reforman el sistema de provisión de agua y comienzan el proceso de venta de AySA.