Piden al Gobierno bonaerense respuestas por las muertes vinculadas al fentanilo

El senador bonaerense del PRO, Juan Manuel Rico Zini, presentó en la Legislatura un pedido formal para que el gobierno de Axel Kicillof explique el manejo de la crisis sanitaria provocada por un lote de fentanilo contaminado que ya provocó 96 muertes en el país, nueve de ellas en territorio bonaerense.

La preocupación creció tras el último reporte sanitario que confirmó que todas las víctimas habían estado expuestas a un lote de 155 mil unidades de amapolas elaboradas el 18 de diciembre de 2024 por Laboratorios Ramallo y HLB Pharma Group. Según el legislador, este episodio dejó al descubierto fallas graves en los mecanismos de control y fiscalización del medicamento, un analgésico de uso hospitalario que se aplica en tratamientos de dolor intenso, especialmente en pacientes críticos.

Rico Zini exige que la administración provincial detalle el grado de cumplimiento con la resolución de la ANMAT que prohíbe la distribución, venta y uso del fentanilo, así como las acciones realizadas para retirar del mercado el producto fabricado por las dos compañías involucradas. Además, reclama saber si se han inspeccionado otros fármacos producidos por las mismas firmas, ante la posibilidad de contaminaciones similares.

El legislador recordó que en abril el Hospital Italiano de La Plata detectó un brote inusual de infecciones respiratorias en pacientes de terapia intensiva, lo que llevó a identificar el fentanilo contaminado como origen de varios cuadros graves. También pidió que se informe sobre las inspecciones realizadas en hospitales y clínicas bonaerenses, con datos precisos sobre productos secuestrados, número de lotes y cantidad total de medicación retirada.

Entre los casos fatales vinculados a la sustancia, nueve corresponden al Hospital Regional Español de Bahía Blanca, donde la Justicia federal, a cargo del juez Ernesto Kreplak, investiga posibles faltantes de información tras la inundación de marzo. Los demás fallecimientos se registraron en centros de salud de Formosa, Córdoba y Santa Fe.

Para Rico Zini, la situación representa una amenaza directa al derecho a la salud y a la vida, por lo que urgió al Ejecutivo provincial a brindar respuestas inmediatas y transparentes sobre la continuidad de la comercialización, las medidas de control adoptadas y la garantía de que los lotes contaminados ya no circulan en el sistema sanitario.