Atentado a Cristina Kirchner: la querella pidió 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte

En el inicio de la etapa de alegatos del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, los abogados de la expresidenta solicitaron este martes 15 años de prisión para Fernando Sabag Montiel y su expareja, Brenda Uliarte, a quienes consideran coautores del ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022. En cambio, decidieron no acusar al tercer imputado, Nicolás Carrizo, por falta de pruebas directas que lo vinculen con el hecho.

Durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, los letrados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira sostuvieron que Sabag Montiel no solo gatilló el arma en el rostro de la entonces vicepresidenta, sino que Uliarte tuvo una participación activa y planificada, por lo que no se la puede considerar una simple instigadora. La querella también pidió que se tenga en cuenta como agravante la violencia de género.

Respecto a Carrizo, Aldazábal señaló que la propia Cristina pidió no avanzar en acusaciones sin pruebas: “No uso el derecho penal para hacer política o vengarme de alguien”, citó el abogado.

En paralelo, los representantes de la exmandataria cuestionaron duramente la investigación de la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien acusaron de “obstruir todo” y de no avanzar en las líneas sobre posibles autores intelectuales y financiamiento del atentado. Ubeira apuntó especialmente contra el manejo de la denominada “pista Milman”, que involucra al diputado del PRO Gerardo Milman por una frase que, según un testigo, pronunció días antes del ataque: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.

La querella también criticó la pérdida de información clave, como el contenido del celular de Sabag Montiel y los fallidos intentos de peritar el teléfono de Milman, y advirtió sobre el contexto de “cultura del odio” que, a su entender, generó las condiciones para el ataque. “La violencia retórica conlleva naturalmente a la violencia material”, advirtió Ubeira.

El juicio continuará esta semana con la exposición de otras partes, en un proceso que mantiene abiertas las tensiones políticas y judiciales alrededor de uno de los hechos más graves de la historia reciente del país.