
Guillermo Antonio “El Concheto” Álvarez, condenado como líder de una banda que cometió varios homicidios y robos en la década de 1990, recibirá una indemnización de 11.000 dólares —equivalentes a más de 14 millones de pesos— por parte del Estado argentino. La medida fue oficializada este miércoles mediante el Decreto 577/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, con la firma de los ministros Guillermo Francos, Mariano Cúneo Libarona, Luis Caputo y el embajador Gerardo Werthein.
La decisión se toma en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 24 de marzo de 2023, que determinó que durante uno de los juicios en contra de Álvarez se vulneraron sus derechos y garantías judiciales, incluyendo el principio de inocencia y el derecho a una defensa efectiva.
Álvarez, quien actualmente cumple condena en la cárcel de Devoto, se convirtió en un preso de alto perfil desde su detención en agosto de 1996, cuando tenía 18 años. Proveniente de una familia acomodada —su padre era propietario de varios cines y residían en Acassuso—, se lo apodó “El Concheto” y también “Patovica” por su físico imponente. Durante su adolescencia, reclutó jóvenes de barrios populares para integrar su banda, responsable de robos en restaurantes y pubs de lujo, y de asesinatos como los de Adriana Carballido (24) y el policía Fernando Aguirre (28).
El caso más controvertido, conocido como la causa Company, derivó en una condena a prisión perpetua en 1999 por homicidio y robo agravado. Según la CIDH, durante ese juicio Álvarez permaneció esposado y encadenado, no tuvo la oportunidad de preparar su defensa adecuadamente y sus recursos ante tribunales superiores fueron ignorados. El tribunal internacional calificó estas irregularidades como violaciones de múltiples artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo la protección judicial y el derecho a la defensa.
El fallo de la CIDH ordenó que el Estado argentino realice una “revisión amplia de la sentencia dictada en su contra y de la condena impuesta”, en coherencia con la garantía del derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. Al mismo tiempo, dispuso el pago de la indemnización por daños materiales e inmateriales, que ahora se concreta mediante el decreto presidencial. Según el texto oficial, 1.000 dólares corresponden a daños materiales y 10.000 a daños inmateriales, con fondos imputados a la Jurisdicción 91 del Tesoro Nacional.
A lo largo de su vida delictiva, Álvarez se destacó por su perfil mediático y su conducta desafiante. Incluso durante la pandemia, participó como interlocutor en un acuerdo con autoridades penitenciarias que evitó un motín en Devoto. Allí también se recibió de abogado, logrando gestionar su propia defensa en algunos trámites legales.
La CIDH no solo ordenó el pago de la indemnización por daños materiales e inmateriales, sino que también exigió una “revisión amplia de la sentencia dictada en su contra y de la condena impuesta”, garantizando el derecho de Álvarez a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior. De esta manera, el fallo subraya la necesidad de equilibrar la gravedad de los delitos con el respeto irrestricto a las garantías judiciales fundamentales.
Desde distintos sectores de defensa de derechos se expresaron en repudio al acatamiento a este fallo:
MIENTRAS LAS VICTIMAS NO TIENEN ABOGADO GRATUITO, A LOS ASESINOS LOS INDEMNIZAN. Guillermo Antonio Álvarez, el "Concheto", asesinó a 4 personas en dos años y admiraba a Robledo Puch.
— Usina de Justicia (@UsinadeJusticia) August 13, 2025
El Estado argentino deberá pagarle una indemnización de 11 mil dólares, por una sentencia de… pic.twitter.com/CmXIvkNOLh