Productores de papa reclaman alivio fiscal y acceso al crédito en el sudeste bonaerense

En Comandante Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, el senador nacional Maximiliano Abad mantuvo un encuentro con representantes de distintos sectores vinculados a la producción de papa. Participaron dirigentes de la Asociación de Productores de Papa Semilla, la Federación Nacional de Productores de Papa, la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Fundación para la Sanidad Animal, CONINAGRO y referentes locales de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).

La reunión giró en torno a las principales preocupaciones de la actividad, especialmente en el sudeste bonaerense, una de las zonas más importantes para el cultivo. Los productores expusieron la necesidad de eliminar tributos que consideran distorsivos, como el Impuesto Inmobiliario Complementario Rural y el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. Según argumentaron, estas cargas aportan un porcentaje mínimo a la recaudación provincial, pero impactan de forma significativa en la competitividad, el recambio generacional y las inversiones.

Otros temas recurrentes fueron la falta de acceso al crédito bancario, el mal funcionamiento de las mutuales que descuentan aportes sin brindar servicios efectivos y la creciente conflictividad laboral. Indicaron que, aun con relaciones formales, la legislación vigente sobre trabajadores rurales y la litigiosidad asociada están poniendo en riesgo la continuidad de muchas explotaciones.

También se mencionaron las dificultades que generan las tasas municipales sin contraprestación y el deterioro de los caminos rurales, que encarece el transporte de insumos y productos. CARBAP remarcó que estas deficiencias, sumadas a la presión fiscal, obstaculizan el desarrollo del sector.

Abad se comprometió a canalizar los reclamos y destacó la necesidad de un marco más justo, competitivo y previsible para la producción. Planteó la importancia de modernizar la legislación laboral rural, impulsar una reforma judicial que incluya fiscalías especializadas en delitos contra el campo y fortalecer al INTA como motor de innovación tecnológica y científica.